La justicia es uno de los servicios más importantes del Estado. Sin embargo, la mayor parte de estos servicios ha sido suspendida a lo largo de América Latina y el Caribe (ALC) durante el confinamiento. En muchos países de la región, transcurrieron más de 60 días sin servicios judiciales. En la mayoría de los países solo se mantuvieron operativos algunos juzgados para atender asuntos penales, adolescentes infractores, violencia intrafamiliar, temas penitenciarios y algunos casos de carácter constitucional (habeas corpus).
La pandemia llegó a América Latina en medio de una coyuntura de modernización en los poderes judiciales. Por un lado, el uso cada vez mayor de juicios orales ha traído ganancias importantísimas en cuanto a eficiencia y celeridad. En Ecuador, por ejemplo, pasar de procesos escritos a procesos orales redujo en un 25% el tiempo de duración promedio de los juicios. Por otro lado, la introducción de la tecnología, no solo con expedientes digitales para los juicios sino también para la gestión administrativa, ha traído gran eficiencia y mayor acceso remoto a la justicia.
Algunos países se beneficiaron de oleadas modernizadoras. Se esperaba que esta ola se extendería pronto al resto de la región, donde aún predominan los juicios escritos en expedientes físicos. Lastimosamente esa ola no llegó aún a muchos países. ¿Puede continuar la modernización de la justicia? ¿Cómo se puede adaptar la nueva justicia oral y digital para sobrevivir en el mundo post-pandemia?

Hablando se entiende la gente, también en los juzgados
La oralidad en los juicios, en esencia, busca juntar a todas las partes afectadas en una sala. En esa audiencia el juez revisa las pruebas, escucha los distintos argumentos y dicta sentencia. Todo esto ocurre rápido y en un contexto de máxima transparencia, ya que cualquier ciudadano interesado tiene la libertad de asistir como público a un juicio.
El COVID-19 ha traído un nuevo reto a los juzgados: es necesario evitar aglomeraciones, sobre todo en ambientes cerrados para reducir los contagios. Las concentraciones de personas en salas de juicio pueden llegar a ser muy grandes. Tan es así que cuando se diseñan edificios para juzgados uno de los aspectos principales a considerar es como hacer posible el flujo de decenas de personas a la misma hora hasta una misma sala.
Tras la declaración de la emergencia por pandemia, muchos países optaron por cerrar los juzgados (salvo excepciones como Panamá), suspender los plazos procesales y los juicios. La justicia paró. Pero esto no es una solución sostenible. La justicia, uno de los pilares de la democracia, debe seguir funcionando.

¿Qué hicieron los países donde la justicia siguió funcionando durante la pandemia?

Tele-audiencias
Chile, por ejemplo, se volcó a lo virtual. Costa Rica y Ecuador también, aunque de manera más limitada. Los tres países ya habían apostado por instalar los juicios orales tiempo atrás. Sin embargo, la opción de participación remota en las audiencias sólo se ofrecía en casos aislados para personas en prisión. A raíz de la pandemia se autorizaron las audiencias completamente virtuales, donde todas las partes, sus abogados y en algunos casos hasta los jueces, pueden conectarse por video desde sus oficinas o sus casas.
Las tele-audiencias tienen reglas muy claras para la identificación de las personas sea mediante firma digital, direcciones de correo electrónico validadas por sistemas especiales, o simplemente mostrando el documento de identidad a la cámara. También existen protocolos para reaccionar si la conectividad falla (contacto por teléfonos celulares con las partes, email, etc.). Los requisitos de vestimenta son los mismos que aplican para las audiencias presenciales. En algunos casos se regulan otros factores del entorno como la ubicación de las cámaras, o la iluminación de la habitación. También se exige que las personas no estén acompañadas en el momento de prestar declaración.
La transparencia de los procesos es incluso más alta. Las audiencias se graban y se etiquetan para su posterior análisis de resultar necesario. Además, cualquier persona interesada en participar como público recibe un enlace para conectarse a la audiencia previa solicitud al juez. La plataforma tecnológica varía por país, lo que limita el número de audiencias simultáneas en algunos casos. Algunos países usan plataformas cerradas que requieren capacidades de ancho de banda y equipos especiales, mientras que otros usan plataformas de uso comercial. En todos los casos la ciberseguridad de las comunicaciones es una prioridad.

Justicia presencial, pero guardando las distancias
Uruguay optó por reabrir directamente sus oficinas judiciales con audiencias presenciales. Eso sí, para mitigar los riesgos sanitarios se dictaron nuevas medidas para garantizar el necesario distanciamiento social en los edificios judiciales, tales como asignación de turnos más espaciados, trámites virtuales para reducir el flujo de personas a las oficinas, y otras medidas de organización de las audiencias, como citar a los testigos a los juicios en horarios más reducidos y convocarlos de manera secuencial. Sólo se iniciará un plan piloto para celebrar audiencias por videoconferencia en juzgados de primera instancia civil y contencioso administrativo en Montevideo, y únicamente si no hay oposición de las partes.

Tele-justicia escrita
Argentina es uno de los países que ha dado un fuerte impulso a lo digital a partir de la pandemia. Como la oralidad judicial está todavía en una etapa inicial, han empezado por difundir el uso de los expedientes electrónicos, el uso de firma digital para jueces, y la posibilidad de presentar documentos firmados digitalmente por las partes sin necesidad de presentar soporte papel.
Perú, donde tampoco se cuenta con procesos orales ni expediente judicial digital de uso generalizado en todas las especialidades y en todo el país, se han tomado algunas medidas de urgencia para poder seguir operando. Por ejemplo, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada obligó a los jueces a ir a los despachos judiciales en días específicos a recoger los expedientes y llevarlos a sus casas para que pudieran seguir dictando sentencias. Si bien es una medida que permite continuar con los servicios, es importante que este tipo de iniciativas vayan acompañadas de mecanismos que garanticen la seguridad documental.
El Poder Judicial peruano habilitó una mesa de partes virtual y una cuenta de correo electrónico al que las personas pueden mandar sus escritos y la Corte se encarga de sumarlo a los expedientes. En este caso, se ha puesto un fuerte énfasis en las capacitaciones a los funcionarios en el manejo del expediente electrónico. También se ha invertido en incrementar el acceso seguro a los sistemas de información.

Justicia durante una pandemia: El catalizador de la digitalización judicial
La pandemia le ha dado un impulso importante a la necesidad de redoblar los esfuerzos para la transformación digital en las cortes, en particular al uso del expediente judicial electrónico y las audiencias orales virtuales en juicios. La adaptación de cada país ha seguido un curso diferente, dependido de cómo pondera los riesgos (sanitarios, legales, tecnológicos, de transparencia, etc.) y de las capacidades preexistentes de su sistema judicial. Han tomado caminos distintos pero convergentes hacia los mismos objetivos.
La emergencia parece haber vencido también la resistencia al cambio que ralentizaba los procesos modernizadores. La nueva normalidad judicial nos está demostrando a todos que oralidad y digitalización sobrevivirán juntas y saldrán fortalecidas. La oralidad aporta celeridad a los juicios y la digitalización permite la continuidad del servicio. En este caso, la pandemia ha resultado un catalizador positivo. Una buena noticia en medio de la crisis.

Vea texto íntegro del artículo del Banco Interamericano de Desarrollo.

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