La moción de los senadores Rincón, Goic, De Urresti, Huenchumilla y Harboe, busca modificar diversos cuerpos legales sobre endeudamiento y derechos del consumidor.
Al respecto, el proyecto intenta la restricción de la aplicación indiscriminada de "cláusulas aceleratorias" a determinados casos y tipos de crédito como es lo usual en países de la OCDE y legislación comparada.
Asimismo, contempla la limitación de los intereses que son aplicados en la etapa de cumplimiento de la obligación, restringiéndolos a los pactados en el contrato o convención inicial o a una proporción superior no excesiva. En este sentido, se busca proteger de la buena fe de los consumidores y deudores en el sentido de eliminar el anatocismo o "cobro de intereses: sobre intereses" de nuestra legislación.
Enseguida, la moción contempla asegurar la confianza de los deudores y consumidores en el sistema financiero, permitiendo la paralización de efectos lesivos para su patrimonio a través del pago o amortización de la deuda capital o de intereses. Junto con ello, es de interés de los senadores limitar las facultades abusivas y arbitrarias en contratos de adhesión de operaciones crediticias, específicamente en lo concerniente a la "repactación" o reprogramación de deudas y la imposición unilateral de plazos, intereses y cobros excesivos respecto de la obligación inicial.
A continuación, el documento contiene la intención de eliminar de costos excesivos por concepto de pago anticipado o "prepago" de deudas o también llamadas "comisiones de prepago" las que no tienen ningún sentido de ser.
En ese contexto, los senadores exponen que una legislación financiera saludable y equilibrada no sólo beneficiará a los consumidores y deudores, sino que a todo el sistema. Es así como lo ha señalado el propio Fondo Monetario Internacional, en cuanto es menester "que los Estados sigan aplicando políticas de reajuste y regulación del sector financiero, saneamiento de los balances de los bancos, mejora de los flujos de crédito.
Finalmente, la moción estima necesaria la introducción de diversas modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican; a la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero; a la Ley N° 18.092, que dicta nuevas normas sobre letra de cambio y pagaré; y a la Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Economía del Senado.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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