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Avance en derecho de las personas.

CS remite al Senado informe sobre proyecto de ley de protección de datos personales.

El máximo Tribunal considera que “la omisión de una nueva institucionalidad, es un relevante aspecto que merece ser observado y que puede generar efectos negativos en la adecuada implementación de este proyecto de ley y en la protección de los derechos de las personas».

15 de marzo de 2017

La Corte Suprema analizó el contenido del proyecto de ley sobre protección de datos personales, remitiendo dicho informe al presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber.
El informe sostiene que "la carga de trabajo que hasta ahora generan estas materias sobre los tribunales, según datos incorporados en el documento remitido por la Dirección de Estudios, es de monto menor, en especial por lo muy específico de ellas; por lo que no es dable suponer que las modificaciones que trae el proyecto vayan a aumentarla".
El oficio agrega que "en síntesis puede decirse que la iniciativa objeto de este informe pretende ser un avance en materia de protección de los derechos de las personas, incorporando una serie de principios en materia de tratamiento de datos, un nuevo catálogo de derechos para los titulares de estos y ampliando la aplicación territorial de esta protección. Además, pretende mejorar los mecanismos jurisdiccionales de protección incorporando nuevos procedimientos y acciones. Todo ello representa un avance en materia de tratamiento y protección de datos personales".
Sin embargo, el máximo Tribunal establece que "el tema de que se trata es complejo y necesita ser abordado desde distintos puntos de vista; por lo que no es extraño que queden aspectos sin tratar o tratados en forma incompleta. Desde esta perspectiva se hace palpable la necesidad de reformar la ley de protección actualmente vigente desde una perspectiva holística, que se desarrolle sobre la base de la institucionalidad necesaria que garantice una efectiva protección de las personas y una adecuada trasparencia en la administración del Estado. La omisión de una nueva institucionalidad, en la iniciativa analizada, es un relevante aspecto que merece ser observado y que puede generar efectos negativos en la adecuada implementación de este proyecto de ley y en la protección de los derechos de las personas".

 

Vea informe completo.

 

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