La Comisión de Constitución continúa con el debate en particular respecto del proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley n° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.
Los legisladores explicaron que la iniciativa que viene desde el Senado  establece que la baja penalidad asignada a los delitos de corrupción, en especial al delito de cohecho en sus distintas modalidades de comisión, no permite que haya una sanción proporcionada con la gravedad de las conductas, por una parte, y por la otra, genera insatisfacción por parte de la comunidad, que tiene expectativas de que los agentes públicos que desempeñan torcidamente sus funciones, así como aquellos particulares que los corrompen, con el poder del dinero, sean duramente sancionados para evitar que se vuelvan a cometer las mismas conductas.
El diputado Soto señaló que la discusión de los parlamentarios se centró en gran medida en la prescripción de los delitos cometidos por funcionarios públicos, ejemplificando el fraude en Carabineros. “Muchos de ellos habrían incurrido en los delitos hace más de 5 años porque este fraude se extendía hace casi 15 años atrás. A lo mejor, algunos de ellos van a ser favorecidos por la prescripción, a pesar de que el Estado de Chile y el Ministerio Publico nunca pudo enterarse de los delitos que se estaban cometiendo”, planteó.
Enseguida agregó que “para resolver eso se estableció un sistema de suspensión de la prescripción, de tal manera que no corra la prescripción de los delitos cometidos por un funcionario público sino hasta cuando deje de ser funcionario público. Porque al estar sirviendo el cargo del cual está sacando provecho económico a través de estos delitos, lo que va ocurrir es finalmente que él busca encubrir, ocultar y cometer impunidad para el delito que está cometiendo”.
Por ello, indicó que la prescripción va a comenzar a correr solo cuando deje de ser funcionario público lo que permitirá que se puedan investigar delitos después de mucho tiempo y que no se vean favorecidos por la prescripción.
Asimismo, se analizó una indicación que tenía por objeto cambiar la inhabilidad para los alcaldes que son destituidos por falta grave al principio de probidad administrativa, detallando el diputado Soto que “se estableció y se aprobó de manera desaprensiva, digo yo, una norma que permite que los alcaldes destituidos por esta causal puedan ingresar a cualquier cargo público inmediatamente después de la condena. Solo están impedidos de desempeñar el cargo que estaban sirviendo, obviamente porque fueron destituidos recién por eso, pero no cualquier otro, entonces un alcalde podría ser destituido por falta de probidad y al día siguiente entrar a trabajar en la misma municipalidad como director jurídico, a mí me parece insólito, o podría ser ministro”.
A su juicio, es una medida desproporcionada e injusta, “porque todo funcionario público, en caso de ser destituido por falta de probidad, está impedido de ingresar a la administración pública por cinco años y, en este caso, los alcaldes estarían liberados de esa carga. Por eso, por ser bastante polémico en la norma en cuestión, decidimos prolongar el debate para mañana (hoy)”. 
En la sesión estuvo presente el Ministro de Justicia, Jaime Campos, quien agradeció a los parlamentarios el esfuerzo desplegado, “puesto que esto se trata de una iniciativa que el Gobierno de la Presidenta Bachelet, y particularmente este Ministerio, ha visto con mucho interés, ya que tiene por objeto avanzar en el ámbito del cohecho, la transparencia, que es una de las premisas u objetivos que como Gobierno nos hemos planteado”.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis

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