El Juzgado de Garantía de Talca acogió la solicitud del Ministerio Público, con el acuerdo de la parte querellante y las defensas, y decretó la suspensión condicional del procedimiento de los imputados en el denominado caso "CTS-Municipalidad".
Periodo durante el cual el senador Juan Enrique Castro Prieto, el alcalde de Talca Juan Carlos Díaz Avendaño, el consejero regional Juan Dagoberto Valdebenito Mansilla, y Christian Marcelo Tizza Martínez, gerente de la empresa sociedad de transportes CTS Ltda., deberán fijar domicilio y comunicar cualquier cambio al Ministerio Público; firmar cada 6 meses ante el Ministerio Público; aportar cada uno a título de indemnización a la Municipalidad de Talca la suma $5.000.000 y donar $3.000.000 a beneficio del Hogar del Buen Samaritano de Molina.
También, deberán acreditar en octubre próximo la realización de un curso sobre normas de regulación y control municipal con un mínimo de 16 horas que deberán gestionar a su costa, en un instituto, centro de educación superior o universidad.
En tanto, como persona jurídica, la empresa Sociedad de Transportes CTS Ltda., además cumplir con fijar domicilio, firmar cada 6 meses ante el Ministerio Público y aporte a título de indemnización a la Municipalidad de Talca la suma $5.000.000, deberá implementar un plan de reciclaje integral en la Villa Francia de la ciudad, por un costo aproximado de $20.000.000.
El plan lo deberá presentar al Ministerio Público en octubre de 2018 y deberá incluir punto limpio de reciclaje; la dictación de charlas sobre reciclaje en 10 colegios de la comuna; difusión de la ley de reciclaje en las 10 comunas más grandes de la región; distribuir 40 ejemplares de la nueva ley de reciclaje en los 10 colegios donde dicte las charlas y en las comunas donde difundió la ley de reciclaje, y acreditar dentro de 6 meses, la implementación de un modelo de organización, administración y supervisión para la prevención de delitos de la Ley 20.393, al interior de la empresa.

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