Recientemente, el Instituto Libertad y Desarrollo publicó el documento “Mérito y otros criterios para la admisión escolar: un debate vigente”.
En el texto, se expresa que hasta el año 2015, la Ley General de Educación permitía que cada establecimiento educacional realizara sus propios procesos de admisión de forma descentralizada e independiente. Sin embargo, el gobierno de la ex Presidenta Bachelet –basándose más en prejuicios y anécdotas puntuales que en evidencia concluyente-, instaló la idea que los colegios, especialmente particulares subvencionados, a través de prácticas como el copago o los procesos de admisión, estaban realizando una “feroz discriminación y selección” en perjuicio de las familias más humildes del país, que estaban siendo segregadas y excluidas de una educación de calidad.
Enseguida, se manifiesta que el proceso de selección funciona de la siguiente forma. Primero, los apoderados postulan a sus hijos a través de una plataforma web, declarando en orden los establecimientos de su preferencia. Luego el MINEDUC asigna a los postulantes a las vacantes disponibles de forma aleatoria, velando por maximizar el número de alumnos admitidos en su primera elección, o bien, en la más alta posible. Ello, considerando cuatro criterios de priorización: 1° postulantes con hermanos en el mismo colegio, 2° completar un 15% de los cupos con alumnos vulnerables, 3° ser hijo de funcionario del establecimiento y 4° haber estado matriculado antes en el mismo recinto (sin haber sido expulsado). Con ello, el nuevo sistema asegura que, salvo los criterios de priorización señalados, todos quienes postulan a un mismo colegio tienen la misma probabilidad de ser admitidos en él.
A continuación, y respecto del resultado de admisión para el año 2019, se indica que los resultados presentados por el MINEDUC muestran que, en la etapa regular de postulación, un 48,6% de los establecimientos tuvo más postulaciones que vacantes disponibles, debiendo aplicarse el mecanismo de selección señalado por la ley. De esta forma, de las 274.990 postulaciones recibidas en todas las regiones del país, 59,2% quedó asignado en su primera preferencia, 78% dentro de sus tres primeras preferencias y 82,5% en alguna de sus preferencias. El 17,5% restante, en tanto, no obtuvo cupo en ninguno de los establecimientos a los que postuló. Además, en esta oportunidad participaron del proceso 18 establecimientos de alta exigencia académica, que recibieron 10.727 postulaciones (5.214 de ellas en primera preferencia), para un total de 3.177 cupos. Y, por último, entre los 23.906 postulantes provenientes del 20% superior de notas de su colegio anterior, 57,2% quedó asignado a su primera preferencia y 85,1% dentro de sus tres primeras preferencias.
Luego, y en torno al proyecto para restablecer el mérito y otros criterios en la admisión, se aduce por el documento que estos resultados llevaron a la actual administración a presentar un proyecto de ley para realizar modificaciones al sistema de admisión, tal como se contempló desde el programa de gobierno. En términos generales, se mantiene el mecanismo que establece la ley actual, pero se busca ajustar los criterios a partir de los cuales éste opera para asignar las preferencias, de manera de avanzar en mayor justicia.
Así, se manifiesta por LyD que una de las críticas que ha recibido el sistema actual de admisión es que no considera el mérito de los postulantes bajo ninguna circunstancia. Ello lleva a que dos alumnos que postulan a un mismo establecimiento tengan la misma probabilidad de adjudicarse un cupo en él, independiente de las diferencias que exhiban en su desempeño y trayectoria escolar previa. Y que, en consecuencia, la “mala” suerte pueda resultar en que un alumno cuyo esfuerzo y responsabilidad le hayan permitido alcanzar un buen desempeño, no sea admitido en el establecimiento de su preferencia, mientras que otro que no exhiba similar mérito, sí lo consiga.
En suma, se concluye en síntesis considerando que la propuesta del gobierno de anteponer el mérito y otros criterios propios del proyecto educativo por sobre el azar, tienen que ver en gran medida con cuál es la idea de justicia que queremos impregnar al sistema de admisión. Asimismo, constituye un reconocimiento de que las preferencias son mucho más complejas de lo que el sistema de admisión actual contempla, que pueden plasmarse a través de una declaración a la hora de postular, y también a través de acciones concretas, y que los proyectos educativos diversos requieren de una comunidad escolar afín que los impulse. Esperamos que, a diferencia de lo que ocurrió el año 2014 con la ley que creó el nuevo sistema de admisión, en esta oportunidad no se descalifiquen a priori ciertas posturas y que la oposición se allane a debatir con la altura que el tema requiere.
Vea texto íntegro del documento.
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