En 2017, para las XV Jornadas de Derecho de la Integración “De inmigrantes, muros y fronteras”, que tuvieron lugar en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la académica argentina, Melina Maluf Martínez, presentó una ponencia titulada “Los flujos migratorios mixtos. Desafíos actuales en el contexto regional, nacional y local.”

En el documento, comienza exponiendo que en los últimos años el número de personas desplazadas forzosamente se ha incrementado de manera dramática: a fines de 2013, el número de desplazados alcanzaba los 51,2 millones de personas. A fines de 2014, había aumentado aún más, existiendo un total de 59,5 millones de personas. El conflicto y la persecución provocaron que el desplazamiento forzado aumentase considerablemente en 2015, alcanzando el mayor nivel jamás registrado, de 65,3 millones de personas, de acuerdo con el informe presentado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en junio de 2016.

En ese sentido, profundiza que, dentro de este universo de personas desplazadas, la mayor parte de ellas son refugiados, es decir, aquellos que huyen por tener un temor fundado de ser perseguidos o amenazados, pero también encontramos personas víctimas de trata, niños, niñas y adolescentes, que se trasladan no acompañados o separados de sus familias, migrantes económicos y aquellos que se desplazan como consecuencia de desastres naturales y hambrunas.

La autora plantea que estamos en presencia de los flujos migratorios mixtos, es decir, aquellos movimientos de población complejos, donde las personas comparten rutas, destinos y los mismos riesgos de la migración irregular (debido a las peligrosas condiciones a las que se enfrentan los migrantes en situación de tránsito, en el mar o zonas fronterizas). Estos movimientos tienen lugar en todas partes del mundo y despiertan el interés de la opinión pública, especialmente cuando ocurren tragedias.

Aduce más adelante que el reto planteado es lograr que la gestión migratoria sea compatible con la protección de refugiados y personas desplazadas forzosamente, en particular, respecto de los flujos migratorios mixtos. Esto implica poder lograr Una gestión migratoria conjunta: entre los Estados, las agencias humanitarias de las Naciones Unidas, los organismos internacionales con competencia en la materia (OIM) y las organizaciones de la sociedad civil.

Al respecto, explica que todo debate que se lleve adelante sobre migraciones internacionales debe ineludiblemente tomar en cuenta el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes, y el reconocimiento de sus aportes en las sociedades de acogida. Sin embargo, no puede soslayarse el rol del Estado en la gobernabilidad de las migraciones y las responsabilidades compartidas, tanto por los Estados emisores, como de tránsito y receptores de migrantes. La migración segura, ordenada y regular es el medio idóneo para el respeto de los derechos de los migrantes y para su integración en las sociedades de recepción.

Luego sostiene que si bien algunos Estados han encontrado dificultades para compatibilizar sus obligaciones internacionales en materia de protección humanitaria y sus intereses legítimos para combatir la migración ilegal, éstos deben ser capaces de direccionar las migraciones, vinculando la necesidad de progreso del migrante con los requerimientos que existan en las diferentes zonas productivas de cada país. Dirigir los recursos migratorios a los lugares donde se necesita mano de obra y la mirada distinta del migrante.

Agrega luego que también deben ser capaces de combatir seriamente el tráfico de personas. Un Estado que mira hacia otro lado y no controla eficientemente quiénes traspasan sus fronteras favorece, por un lado, el provecho infinito del traficante y por otro, coloca al inmigrante que ingresa de manera ilegal en un estado de indefensión y vulnerabilidad.

Finalmente, enumera diferentes desafíos a cumplir por los Estados como parte de su compromiso internacional.

Vea texto íntegro de la publicación.

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