La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Talca que acogió el amparo deducido en favor del Alcalde Subrogante de la comuna de San Rafael en contra del Primer Juzgado Civil de Talca, por haber despachado en autos sobre cobro de facturas una orden de arresto en su contra.
En su sentencia, la Corte Suprema indicó que, según se desprende del mérito de los antecedentes, el apremio decretado respecto del amparado, también lo fue en los términos que dispone el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en la etapa de cumplimiento de una sentencia que se encuentra firme desde hace ya más de cuatro años a la fecha, y con el objeto preciso de proseguir con la ejecución del referido fallo, la que se ha visto entrampada debido a la negativa de la autoridad municipal de dictar el correspondiente acto administrativo de pago. Así las cosas, la orden de arresto que se pretende dejar sin efecto por esta vía, ha sido pronunciada por el órgano competente, actuando el juez recurrido dentro del ámbito de sus atribuciones y expresando los fundamentos de su resolución, lo que permite descartar la existencia de una acción ilegal o arbitrario que haga procedente el recurso de amparo intentado, lo que lleva a su rechazo.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Dolmestch y Künsemüller, quienes estimaron que el espíritu del legislador ha sido limitar los efectos del arresto como medida de apremio, en relación a deudas del respectivo municipio o de las corporaciones municipales, exclusivamente respecto de aquellos alcaldes en cuyo período se contrajo la deuda que dio origen al juicio, y que en el presente caso se inició por la acción de cobro de facturas deducida ante el Primer Juzgado Civil de Talca, por parte de Inversiones Progreso S.P.A., la que fue dirigida en contra de la Municipalidad de la comuna de San Rafael, como consecuencia de la existencia de dos facturas impagas por parte de dicha entidad, de 08 de julio de 2011 y 01 de septiembre del mismo año, data en la que desempeñaba el cargo de Alcalde de la citada comuna, y no el amparado, quien asumió en calidad de subrogante, por la licencia médica presentada por la alcaldesa titular el 18 de junio pasado. En consecuencia, la orden de arresto decretada respecto de la recurrente carece de sustento tanto fáctico como jurídico, toda vez que aparece decretada para un caso no previsto por la ley, lo que autoriza a que el recurso de amparo sea acogido.
Vea textos íntegros de la sentencia de la Corte Suprema Rol N°18.153-19 y de la Corte de Talca Rol N°132-2019.