La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica el sistema registral y notarial.
El ministro de Justicia subrogante, Juan José Ossa, lo definió como un proyecto que “modifica drásticamente el sistema notarial”. “Estamos avanzando en la línea correcta, ya que este proyecto, al incorporar más competencias, más tecnología, más transparencia en los nombramientos, precios más justos y mayor cobertura, va a significar un enorme incremento en la calidad de vida de los chilenos y chilenas, ya que el tiempo que perdemos haciendo trámites se lo restamos a lo más importante de nuestras vidas: a la familia, los amigos, la cultura, el deporte y la recreación”, indicó.
Enseguida explicó que, ahora, no solamente los notarios van a poder certificar, sino que, en algunos trámites, aquellos más simples, van a haber fedatarios disponibles en todo el territorio nacional, algunos de carácter privado y otros de carácter público, quienes van a realizar los trámites más cotidianos que requiere la gente.
La autoridad informó que enviaran otro proyecto de ley que contenga los trámites llamados a “desnotarizar”. Además, precisó que “habíamos hecho una propuesta que consistía en que el Presidente mediante un DFL (Decreto con Fuerza de Ley) pudiese ir con el paso del tiempo eliminando la exigencia de la participación notarial en algunos trámites, nos parecía que era lo más eficiente, pero a la comisión, legítimamente, no le pareció este mecanismo. Entonces, hemos sugerido que vamos a presentar un proyecto de ley donde se eliminen muchos de estos trámites”.
Asimismo, sostuvo que la idea es que el presente proyecto avance rápidamente, lo que se habría complicado con la presentación de nuevas indicaciones que, además, requerirían la firma de muchos ministros, porque muchos de esos permisos son sectoriales.
Cabe señalar que la futura normativa, que ahora deberá ser analizada en la Comisión de Hacienda, crea un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Auxiliares de la Administración de Justicia, el que resolverá los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros.
También, implementa la figura del fedatario en las comunas y establece un nuevo sistema de fiscalización radicado en la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, como también la obligación de una auditoría externa anual, entre otros aspectos. 

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