Por 117 votos a favor, tres en contra y 29 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó una resolución, que solicita al primer mandatario y a los titulares de las carteras del Interior, Desarrollo Social y de Justicia, para que en razón de los antecedentes indicados y conforme a las normas constitucionales y legales con las que cuentan, dispongan de un proyecto de ley que cree la figura del Defensor Nacional de los Pueblos Originarios o Defensor Nacional Indígena.
El texto señala que, luego de 27 años de la Ley 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, es necesario que la institucionalidad se proponga dotar de mayores facultades y más robustez a los órganos que se encargan de formular las políticas públicas y cuyos destinatarios son precisamente los miembros de las principales etnias del país.
Añade que reconocen lo realizado por la Comisión de Verdad y Nuevo Trato en 2001, con la suscripción de declaraciones internacionales de pueblos indígenas, y el envío del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Originarios que se encuentra en tramitación desde 2016.
Sin embargo, los parlamentarios indican que es posible ir más allá en esta nueva institucionalidad ministerial, con la creación de un órgano como una Defensoría de los Pueblos Originarios, que puede resultar de enorme importancia a los efectos de proteger los derechos y el desarrollo de los pueblos ancestrales, de sus culturas, familias y comunidades, además de proteger las tierras indígenas y velar por su explotación sustentable y la mantención de su equilibrio ecológico.
Señalan que ha de servir para la defensa y protección jurídica laboral, de cumplimiento normativo de los tratados y convenciones internacionales que obligan a Chile en materias o asuntos indígenas; en las materias de índole penal, en las cuales, por su especificidad, requieran una dedicación especial y preferente de parte del Estado; como asimismo en materia de resguardo y protección de los derechos de los pueblos originarios sobre los recursos naturales de sus territorios para un adecuado desarrollo económico y social de los mismos.
La propuesta fue planteada por los diputados Nuyado, Tohá, Ilabaca, Venegas, Torres, Saffirio, Soto, Jiménez y  Brito.

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