En condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados quedó el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, luego que la Sala del Senado aprobara dicha iniciativa con 36 votos a favor y 3 abstenciones.
Este nuevo Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia es una de las dos iniciativas fundamentales en todo el nuevo sistema de protección de los menores y que cambia radicalmente lo que ha sido hasta ahora el Sename.
Durante la discusión los senadores valoraron los acuerdos alcanzados en torno a la materia, asegurando que cambia radicalmente lo que existe hasta ahora, pero hubo voces que señalaron que manteniendo el actual sistema de colaboradores sin que exista una unidad especializada de fiscalización, puede perpetuar los mismos problemas que se han registrado hasta el momento.
Citaron lo ocurrido en Hualpén donde en un organismo colaborador del Sename se permitieron abusos que están siendo investigados y se refirieron a la renuncia de la directora del Sename, Susana Tonda.
Del mismo modo, los parlamentarios manifestaron que esperan que en el tercer trámite se puedan acoger las propuestas que han hecho durante la discusión y que dicen relación fundamentalmente con la creación de una unidad de fiscalización y de contar con claridad en materia de financiamiento.

Saldar deuda

Aseguraron que con esta nueva institucionalidad que atenderá fundamentalmente a los niños vulnerables, se espera saldar parte de una deuda que tiene Chile con los niños, niñas y adolescentes en materia de protección e integridad de los derechos de los menores.
La iniciativa fue informada por la senadora Rincón en su calidad de presidenta de la Comisión Especial de Infancia, quien explicó los principales cambios que se le hizo a la iniciativa. En tanto, el Ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, destacó la aprobación por parte del  Senado.

Sobre el proyecto

 – Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia y fiscalización del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social, e integrante del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia

– Las acciones del Servicio estarán orientadas a los niños y niñas (menores de 14 años) y a los adolescentes (menores de 18 y mayores de 14 años), incluyendo a sus familias. Las personas mayores de 18 años y menores de 24, seguirán siendo sujetos de atención del Servicio, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios.

– Regula la organización del Servicio, disponiendo que su administración y dirección superior estará a cargo de un Director Nacional y contará con direcciones regionales en cada una de las regiones del país, quedando todas estas autoridades afectas al Sistema de Alta Dirección Pública.

– En términos generales, las funciones principales dicen relación con el diseño de los programas de protección especializada, a ser ejecutados directamente por el Servicio o a través de colaboradores acreditados, orientados a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; a la prevención de la revictimización; a la reparación de las consecuencias provocadas por la vulneración de los mismos, incluyendo el trabajo con sus familias o cuidadores, y a la preparación para la vida independiente de adolescentes acogidos en cuidado alternativo.

– Se crea un Consejo de Expertos, conformado por 5 miembros especializados en las áreas ligadas a la niñez, el cual tendrá un carácter de asesor del Servicio en materia de protección

– Crea la Comisión Coordinadora de Protección Nacional, a la que corresponderá la coordinación intersectorial de los órganos de la Administración del Estado que desarrollen acciones, prestaciones o servicios orientados a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

– Regula la participación de personas jurídicas sin fines de lucro, y de personas naturales en los programas específicos que se señalan, como colaboradores en el desarrollo de acciones de protección especializada de niños, niñas y adolescentes, las que deberán siempre estar acreditadas.

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