Entre las recomendaciones planteadas por el CPLT en su comunicación destacan: otorgar todas las facilidades para que, cualquier persona pueda requerir acceso a soportes videográficos en poder de las instituciones competentes -conforme al principio de facilitación consignado en la normativa de Transparencia- y las condiciones de almacenamiento de las imágenes captadas. Respecto de lo último, la recomendación establece que la institución debe conservar de manera “indefinida” las imágenes obtenidas por dispositivos de videograbación o cámaras fotográficas portátiles.
Jaraquemada explicó que este tipo de consideraciones adquiere especial relevancia en el contexto actual en que se están realizando gran cantidad de operativos policiales y se está exigiendo el cumplimiento de diversos protocolos. “Muchas acciones judiciales en contra de hechos delictuales o de procedimientos que no se ajustaron al protocolo pueden tener una prueba en este tipo de material”, dijo.
Lo anterior, en base al documento del CPLT se sustenta en que “pueden dar cuenta de delitos que constituyan afectaciones graves a los derechos fundamentales o de hechos que correspondan a violaciones a los derechos humanos” cuyo carácter de imprescriptible obliga a la institución competente a su conservación para que “puedan ser puestas a disposición, tanto de las personas que deseen acceder a ellas por la vía del ejercicio del derecho de acceso a la información, como por los tribunales de justicia u órganos competentes en el ejercicio de sus funciones, en caso de ser requerido”.
“La importancia que puede tener este tipo de información, en particular en el contexto actual del país, nos obliga, como parte de nuestra misión, a poner el acento en este tipo de registros que también son una forma de rendir cuentas para los funcionarios y la institución. Por ello, creemos que el llamado es a favorecer el uso de estos dispositivos de videograbación o cámaras fotográficas portátiles”, afirmó el máximo representante del Consejo.
En paralelo, el CPLT apuntó al aseguramiento y respeto de los derechos de los titulares de las imágenes captadas, acorde a la Ley de Protección de Datos Personales. El organismo plantea que deben cumplirse con requisitos de seguridad de la información necesaria para el tratamiento y almacenamiento de las imágenes captadas con ocasión de un operativo policial.
En este sentido, agrega Jaraquemada que “Las imágenes que se captan contienen datos personales, por ejemplo el rostro de una persona que permite individualizarla, por lo que la entidad debe cumplir con lo que establece la ley en términos de tratamiento de datos personales y recomendamos también medidas de encriptación de datos y accesos controlados para ciertos funcionarios de forma de asegurar su resguardo”. Para dichos efectos, resulta imprescindible garantizar, durante toda la cadena de custodia de las imágenes, la máxima seguridad de la información recopilada.  

RELACIONADOS 
*TC deberá pronunciarse sobre constitucionalidad de proyecto que regula acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales…
*Corte de Santiago niega acceso a información de registros que posee el Ministerio Público…