Se ha dirigido a la Contraloría General de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, para solicitar un pronunciamiento que precise la manera de dar cumplimiento al dictamen N° 13.743, de 2011, de este origen, dado que hay 66 personas contratadas a honorarios que se niegan a suscribir un nuevo convenio de duración determinada, como fue ordenado en dicho pronunciamiento, pues estiman que perderían su antigüedad en el servicio e importaría una renuncia a un supuesto vínculo de subordinación y dependencia.
Al respecto, el ente contralor indicó que, la jurisprudencia de este Órgano de Control, contenida en los dictámenes Nos 58.093, de 2007 y 41.319, de 2017, entre otros, ha sostenido que quienes prestan servicios a la Administración bajo la modalidad a honorarios, no revisten la calidad de funcionarios, careciendo de los derechos que el ordenamiento jurídico contempla para aquellos.
Enseguida, el órgano fiscalizador adujo que, de esta manera, a diferencia de lo que equívocamente parecieran entender las personas a que se alude, esto es, contratadas a honorarios, cabe manifestar que estos no gozan de antigüedad en la Administración ni en el servicio, en términos que aquella les otorgue algún beneficio o algún tipo de indemnización por años de servicio, o el derecho a invocar la confianza legítima -esto último, conforme con lo informado en el dictamen N° 18.162, de 2019, de este origen-, ello es, por cierto, sin perjuicio de los beneficios que se hayan pactado en los pertinentes convenios, que no pueden ser superiores a los que poseen lo funcionarios.
Por tanto, el dictamen explica que resulta necesario concluir que el aludido oficio Nº 13.743, de 2011, ha sido vinculante para la institución recurrente, y dado que no se ha esgrimido ningún fundamento legal que justifique su inobservancia, esa caja de previsión debe arbitrar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicho pronunciamiento.
Finalmente Contraloría sostuvo que, por otra parte, teniendo en cuenta que el dictamen cuya precisión se solicita, es de fecha 7 de marzo de 2011 y que, acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 30.003, de 2019, de este origen, su incumplimiento significa la infracción de los deberes funcionarios de quienes deban adoptar las medidas tendientes a darle aplicación, comprometiendo su responsabilidad administrativa, la superioridad de dicha institución deberá disponer la instrucción de un proceso disciplinario, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que emanen de la aludida inobservancia.
Vea texto íntegro del Dictamen Nº5.661-20.
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Hola soy funcionaria de APS del Cesfam Clotario Blest en calidad contrata 44 hrs .
De octubre 2019 estoy solicitando bono compensatorio de sala cuna ya que mi hija es crónica respiratoria y el pediatra y un broncopulmonar no autorizaron que fuese a sala cuna y luego menos por la pandemia además que éstas cerraron ,nunca obtuve respuesta hasta julio que denuncie a contraloria ante esta presión el municipio de Maipú (DISAM) Director de salud Esteban Barra decide otorgar el beneficio que en realidad es un derecho .que de no ser gracias a la CGR seguirían vulnerando los derechos de mi hija y los míos ya que debido a esto no he podido volver a trabajar. En julio la municipalidad le da respuesta a CGR que me darán el bono ,pero que sea esta entidad que diga desde cuando contraloría dictamina del momento que yo presente los documentos de mi hija octubre 2019 .
A la fecha la municipalidad no me ha notificado y menos cancelado
Ruego a CGR les dé un plazo .
Ya llevo 1 año esperando este derecho de mi hija y yo sin poder volver a trabajar ya que no me alcanza pagar por sus cuidados alimentación arriendo etc .se vulneraron los derechos fundamentales de mi hija .