El hospital recurrido señaló que la cirugía no era recomendada, por cuanto no garantizaba una mejoría en la salud de la paciente y no podía realizarse mientras esta última estuviera con trastornos emocionales.
En primera instancia, el Juez no dio lugar a la denuncia interpuesta por el SERNAC, aduciendo que ese Servicio sólo tenía potestad para defender los intereses generales de los consumidores, lo que no se daba en el caso, por tratarse de una sola persona afectada.
El Juzgado de Letras resolvió, con el sólo mérito de los antecedentes acompañados al escrito de oposición, dar término al procedimiento monitorio, debiendo el demandante accionar según las reglas generales.
La víctima evadió su arresto al no obedecer ninguna orden ni respondió al disparo de advertencia y tuvo un comportamiento muy impredecible al caminar en dirección a los policías con el hacha en la mano.
La Dirección de Obras Municipales de La Serena aprobó una subdivisión de terreno que había sido requerida por uno sólo de los comuneros sin consentimiento del resto, lo que infringe lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus ordenanzas.
Lo expuesto evidencia un apartamiento de las reglas que gobiernan la carga de la prueba. El tribunal se apartó de las constancias de la causa y valoró los hechos y la prueba en forma fragmentaria y aislada, prescindiendo de una visión de conjunto y de la necesaria correlación de todo ello con otros elementos indiciarios. De tal suerte que se configura un supuesto de arbitrariedad que habilita la vía extraordinaria.
El ente contralor reconoció haber realizado el descuento equivocadamente, por lo que accedió a restituir el valor nominal, aduciendo que no hay norma que establezca la reajustabilidad en estos casos.
La pregunta formulada responde a un fin legalmente determinado, que se enmarca en las competencias institucionales y en los procedimientos para la creación de cantones, establecidos en la Constitución y la ley. La propuesta ha superado el examen formal y material por lo que corresponde emitir un dictamen de constitucionalidad favorable para la realización de la consulta planteada.
La actora alegó la ilegalidad de un decreto del Ministerio del Trabajo que exige el registro de contratos de trabajo incluyendo datos personales, alegación que fue rechazada por la Corte, tras estimar que la vía idónea para pedir la invalidación es a través de la acción contemplada en el artículo 53 de la Ley N° 19.880.
La posición asumida por Nicaragua y la efectiva inobservancia de lo ordenado en las resoluciones, constituye un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal, lo que pone en una situación de desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo en que se encuentran los beneficiarios.
