Son datos personales los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, el nombre, sexo, estado civil, número de rol único tributario, domicilio, teléfono y antecedentes de bienes de su dominio o uso (automóvil), por lo que sin duda la información publicada por los recurridos respecto de la protegida se encuentra en el marco de la citada ley. En razón de esto su divulgación y tratamiento únicamente puede ser efectuada cuando el titular consienta en ello o la ley lo autorice, lo que no ha ocurrido en la especie.

El tribunal tuvo presente que el delito de receptación de vehículo motorizado, conforme lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 456 bis A del Código Penal, se sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo, esto es de 3 años y un día a 5 años y multa equivalente al valor de tasación fiscal del vehículo.

Dado que tanto la experiencia común como los estudios gubernamentales sugieren que un texto puede enviarse o leerse en tan solo unos segundos, cobrarle a un cliente diez minutos por cada texto enviado parecería resultar en una sobrecarga flagrante. Al contar los cargos por mensajes de texto, que superan la alucinante cifra de 750,5 dólares, se genera otro emoji (cabeza explotando).

La recurrente reproduce, a su entender, los dichos vertidos por la víctima en el juicio, y solicita que los audios del juicio se tengan por incorporados como elementos a sopesar por esta Corte de Apelaciones, pero no los incorpora como medios de prueba para el recurso de nulidad, y no fueron incorporados en dicha calidad en este recurso.

El fallo establece un precedente importante, permitiendo que familiares, amigos y otros miembros relacionados con las víctimas puedan buscar compensación por los daños psicológicos derivados del abuso infantil.

Es razonable esperar que los niños y las familias indígenas reciban servicios que sean más apropiados para sus realidades culturales, lo que reducirá la sobrerrepresentación de los niños indígenas en los entornos de servicios para niños y familias. También es razonable pensar que la Ley ayudará a evitar la pérdida de tiempo y recursos involucrados en litigios o negociaciones prolongadas sobre si un grupo, comunidad o pueblo indígena en particular tiene jurisdicción.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que permite al receptor judicial notificar la demanda y el mandamiento en un domicilio en el que no reside ni ejerce profesión o industria sólo porque se le manifestó que, si bien no se encontraba en el domicilio sí se encuentra en el lugar del juicio.

La pareja indocumentada del imputado depositó la caución de $10.000.000.- y luego se modificó a causal que justifica la prisión preventiva, medida cautelar en contra del amparado que fue validada por la Corte de Apelaciones que estimó fue dictada en el marco de un proceso legalmente tramitado, por un tribunal facultado para decretarla, en el que el recurrente incluso no ha hecho valer los recursos procesales ordinarios que la norma adjetiva le otorga, pudiendo hacerlo.

No se explicó porque se realizó una inducción al parto, se dejó a la parturienta al control de la obstétrica, naciendo su hijo con distocia de hombro y padeciendo a su consecuencia, parálisis branquial obstétrica. Si bien la inducción no está exenta de riesgos y complicaciones y requiere de un control obstétrico estricto por médico especialista en obstetricia, en el caso, este control y seguimiento médico no existió.

La conducta delictiva merece respuesta penal cuando el delincuente da principio a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su complemento.