Su intervención se enmarca en el mandato otorgado por la Resolución 1593/2005, que dispuso la obligación de la Corte de informar periódicamente sobre la crisis humanitaria en esta región, que en las últimas décadas ha sufrido un cruento conflicto étnico.
Durante el juicio el ejecutante reconoció que existían cuotas vencidas con anterioridad a la interposición de la acción, y que perseguía el pago de las parcialidades que aún se encontraban vigentes.
La obligatoriedad impuesta por las autoridades nacionales para la vacunación en contra de estas enfermedades y el derecho a la vida e integridad física de la niña, vuelven imperioso que reciba las vacunas correspondiente a su rango etario.
El actuar de la empresa denunciada infringió los deberes de seguridad en el consumo y de cumplimiento de lo convenido en el contrato, dispuestos en los artículos 3 letra d) y 12 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.
Es arbitrario el cobro pretendido de deudas devengadas con posterioridad al oficio enviado por la Fiscalía al Registro Civil e Identificación para cancelar la patente del vehículo, por lo que no le resultan imputables las demoras o descoordinaciones entre los organismos públicos involucrados.
No se configura la atenuante de colaboración a la fiscalización por dar un trato respetuoso a los fiscalizadores ni por no oponerse al procedimiento sancionatorio, ya que eso no es otra cosa que el cumplimiento de la obligación impuesta al proveedor en el artículo 58 de la Ley del Consumidor.
Al no invocar el estatuto especial previsto en la LGUC ni el contemplado en los artículos 2003 y 2004 del Código Civil, que establecen un régimen de responsabilidad objetiva de las empresas constructoras, la parte demandante ha debido probar la negligencia que acusa, por lo que, sin esa verificación, se debe desestimar la acción de indemnización intentada.
La proporcionalidad apunta a la congruencia entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo a imponer.
Distinto es que si no se da cumplimiento a los plazos previstos para su tramitación pueda ser rechazada o no dar lugar a cobrar el subsidio correspondiente.
No se advierte vicio de ilegalidad que justifique la devolución de lo pagado por contribución de patente comercial, máxime si se tiene presente que ha sido la reclamante quien pagó –sin objetar- las cuotas comprendidas entre julio de 2018 y enero de 2020 que ahora desconoce.
