El Tribunal estableció que, en la especie, no se configura el incumplimiento de las obligaciones contractuales en que, según los demandantes, habría incurrido el centro asistencial.
La suma ordenada pagar a la parte demandada, $50.000.000 a cada demandante, lo será con los reajustes e intereses que se devenguen desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia y el deudor haya sido reconvenido.
El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta y la Cámara de Diputados hizo lo propio. El 24% de las viviendas están en régimen de copropiedad
La empresa requirente alega que la ley no describe la conducta infraccional, motivo de la multa, permitiendo la arbitrariedad del órgano administrativo.
La Ley N°21.234 vigente al momento del fraude obliga a los emisores de tarjetas de crédito a restituir hasta 35 UF, respecto al monto superior el banco podrá optar por restituirlos o ejercer las acciones que considere procedentes.
El máximo Tribunal consideró que existió un error en la impresión del etiquetado, el cual fue corregido por el demandado.
La detención del periodista en Turquía violó el derecho a la libertad de opinión, así como su derecho a la libertad, seguridad e integridad personal.
El requirente alega que los preceptos cuestionados le impiden alegar que no se encuentra en la hipótesis de “empresa deudora”, lo que afecta gravemente su derecho de propiedad.
El pronunciamiento responde a la negativa de algunos órganos de la Administración del Estado de pagar los servicios prestados durante la crisis sanitaria.
Los profesionales de tales sociedades no son funcionarios públicos por lo que no es posible aplicarles procedimientos y sanciones administrativas ante una eventual negligencia.
