Al no haberse practicado a tiempo la inscripción correspondiente, no operó la tradición respecto de los derechos que se pretendían ceder y, en consecuencia, la cesionaria -solicitante de marras- no ha adquirido siquiera la posesión de estos.
La memoria histórica y los mecanismos que permitan superar de una vez por todas las heridas de la Guerra Civil -entre los que se encuentra la no exhibición de simbología relacionada con la dictadura sufrida- son cuestiones de máximo interés público, político y moral.
Si resulta posible omitir las anotaciones en el Certificado de Antecedentes Penales, con mayor razón es procedente el mismo beneficio tratándose del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados.
Las autoridades rusas no tomaron medidas para reconocer el problema o para proteger a los solicitantes de los malos tratos que habían sufrido. Además, los demandantes no disponían de ningún recurso efectivo para quejarse de su situación, e incluso el Defensor del Pueblo admitió que tales quejas no tenían ninguna posibilidad de éxito.
La comunidad del edificio alegó que contaba con autorización de la Municipalidad de Providencia para la instalación de publicidad en la fachada del inmueble, sin embargo, dicho permiso era provisorio y con una duración de 3 meses, el que se encontraba vencido.
A pesar de que el recurrente fundó el recurso en una afectación a su buena imagen y fama, el máximo Tribunal estimó que los hechos expuestos deben examinarse y resolver por la vía idónea al efecto y no en sede de protección.
El reclamante alegó que el adjudicatario había presentado certificados de experiencia no válidos.
La norma establece limitaciones de edad y condiciones climáticas para su uso, junto con sanciones para los operadores que incumplan los reglamentos.
La excesiva demora en resolver el recurso en cuestión no se condice con la urgencia que debe otorgarse a este tipo de procesos, máxime cuando no se han señalado razones y/o motivos de entidad que impidan o hubieran impedido el dictado de un pronunciamiento en el caso.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar tras establecer que la recurrida no se ajustó a derecho.
