La aplicación de una sanción administrativa es la manifestación de la potestad disciplinaria que detenta la máxima autoridad de la Corporación Municipal.
El derecho a consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución, por lo que no puede estimarse que es un derecho fundamental.
El legislador no restringió el juicio ejecutivo de obligación de hacer, por lo que el acreedor se encuentra facultado para solicitar el cumplimiento del contrato principal y los perjuicios ocasionados por el incumplimiento.
El sujeto activo debe saber o al menos representarse que su conducta ocasionará daños y ello no impida que actué para configurar el delito.
Se pidió al Ejecutivo restituir el estado de excepción constitucional de emergencia. Por su parte, el Ejecutivo reiteró la necesidad de mantener el diálogo en la zona y comunicó los pilares del plan que espera concretar prontamente.
El Pleno advierte que una de las dificultades que suponen estos espacios de interacción es la ausencia de información sobre las personas físicas que representan las plataformas para que los usuarios ejerzan sus derechos, y los reguladores y administración de justicia se vinculen válidamente ante ellas.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer el incumplimiento de la entidad bancaria del deber de seguridad y una vulneración al derecho de propiedad de la parte recurrente.
La ministra Plaza González procesó a José Enrique Contreras Pacheco, por existir presunciones fundadas para estimar que le cupo participación, en calidad de autor, en el delito.
El requirente estima que se afecta su derecho al debido proceso, a no auto incriminarse y la igualdad ante la ley.
Luego de que se decretara la prórroga del estado de excepción el 16 de septiembre de 2020, la denunciada decidió desvincular a los trabajadores invocando la causal de necesidades de la empresa.
