El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia recurrida. Es dable establecer certeramente que el actor ha visto mancillado su honor y honra, toda vez que se le imputó haber sustraído especies desde el local comercial de la demandada, lo que no se verificó, fue una imputación falsa; y no solo eso, sino que peor aún, los guardias propinaron golpes al actor, ocasionándole lesiones leves.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto en contra de la sentencia, dictada por el Duodécimo Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad solidaria de la empresa en el accidente.

Se estableció el actuar ilegal y arbitrario del MINEDUC al exigir que estudiantes debían convalidar los cursos a través de exámenes libres. Entiende la Corte que existió justa causa de error y que se ha actuado de buena fe, tanto más si el colegio subió la información académica al sistema SIGE, aun cuando haya sido en forma indebida.

El Tribunal de alzada desestimó los argumentos de la recurrente, tras establecer que la información solicitada por ley transparencia, no tiene carácter de reservada o secreta.

Asimismo, el contrato de prestación de servicios establece que el alumno que se encuentre en mora en el pago de los aranceles podrá inscribir asignaturas para el semestre académico siguiente en la medida que reprograme, renegocie o regularice la deuda.

El documento elaborado da cuenta de lo observado por la Defensoría de la Niñez en materia de migración y de las principales recomendaciones que ha realizado.

Lejos de demostrar cualquier intento de mantener los videos como archivo privado, el demandado llevó a cabo un «acto afirmativo» al dar permiso a un tercero para grabarlo en video y conservar las grabaciones. De hecho, buscó a un camarógrafo con el fin de grabar en video su vida cotidiana para promocionarse a sí mismo y a su música. Él “asumió el riesgo” de que el tercero que creaba las grabaciones pudiera divulgarlas.

Con el fin de que se sancione de manera justa y equitativa tanto al funcionario público que comete el delito como al actor privado que se colude y conspira con el funcionario para defraudar al Estado y se beneficia de ello.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete.

Los indígenas constituyen un grupo desproporcionadamente afectado por la pena privativa de la libertad. Así, dicha medida representa un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho a la identidad cultural de las personas indígenas, cuyos efectos se extienden a toda la comunidad.