Se desestimó la excepción dilatoria de falta de capacidad de la demandante, puesto que con ella se intentaba deslegitimar la calidad de dueña de la actora, siendo que tal excepción sirve únicamente para alegar la inhabilidad del interviniente para obrar en juicio.
El debate sobre quebrantamiento definitivo no cumple los requisitos legales si no fue solicitado por el Ministerio Público o por el delegado del centro privativo de libertad.
Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad faculta al Departamento de Seguridad Nacional a devolver a extranjeros al estado de México, no significa que sea un deber, más aún si esa decisión es completamente discrecional.
El requirente alega que se le confiscan injustamente sus bienes, vulnerando sus garantías constitucionales.
Los contratos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad.
El ente contralor autorizó al organismo a contratar sin sujetarse al criterio señalado en el Dictamen N°E173171 de 2022.
La iniciativa otorga una herramienta eficaz y efectiva al Ministerio Público y a las Policías, a fin de fortalecer la investigación de hechos que pudieran revestir el carácter de delito.
El requirente alega que destinar recursos provenientes de subvenciones escolares a fines no educativos vulnera el derecho a la educación.
El despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N°19.728.
Se pidió anular el fallo acusando que la vista de la causa se llevó a cabo antes de cumplir el trámite de absolución de posiciones decretado, pero tal eventual vicio debe ser reclamado mediante el recurso de nulidad formal y no con la interposición de un recurso de nulidad sustancial.
