El magistrado concurrió acompañado de peritos de la PDI y de actuarios del Tribunal al sitio donde se produjo el accidente automovilístico donde murió el matrimonio y que se produjo el 1 de enero de 1974.
El máximo Tribunal rechazó un recurso de casación y confirmó la decisión que negó responsabilidad del municipio por falta de fiscalización en la actividad de extracción de arenas.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que estableció actuar ilegal del municipio al negar el permiso.
El máximo Tribunal estableció la responsabilidad por falta de servicio del nosocomio al disponer el alumbramiento por la vía vaginal, pese a que el feto presentaba macrosomía y una proyección de peso al nacer de más de 4 kilos, condiciones que recomendaban la realización de una cesárea.
El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario de la autoridad sectorial al aplicar un sistema que fue aprobado por ley.
El Tribunal de alzada acogió la acción judicial presentada por la Defensoría Penal Pública, tras sostener que Gendarmería no ha tomado todas las providencias para que la interna, que se encuentra en el Complejo Penitenciario de Acha, reciba la atención médica necesaria.
El Tribunal acogió parcialmente la demanda y ordenó al Estado de Chile pagar $10.000.000 por concepto de daño moral, al demandante.
El Tribunal acogió la demanda presentada, tras establecer la existencia de daños, y que estos fueron una consecuencia directa del actuar negligente de la demandada.
«Estamos tomado diligencias en varias causas, principalmente en toma de declaraciones a diversos testigos y también a denunciantes y a presuntas víctimas. Estas causas están en plena etapa investigativa, por lo que no hay un resultado procesal aún», puntualizó el ministro Mesa.
Los legisladores decidieron apoyar la propuesta, iniciada en moción, que inhabilita a quienes hayan incumplido otro contrato en el sistema público o que la calidad del servicio haya sido deficiente.
