Funcionarios de Carabineros condenados por el delito de cohecho, instaron en el libelo de forma principal, por su absolución e inocencia, y en subsidio, por una condena menor; peticiones contrapuestas que no se condicen con un recurso de derecho estricto.
El Tribunal determinó que el reclamo deducido por el Director de Obras Municipales no es procedente, por cuanto está destinado únicamente a personas ajenas a la Administración.
“Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”.
La ANI e instituciones castrenses no lograron acreditar que estos datos se vinculen a actividades de inteligencia o contrainteligencia, y que afecten la seguridad nacional o defensa del país. No obstante, de no obrar en su poder los requeridos deberán comunicarlo de forma detallada al requirente y al CPLT
Si bien la UCEN aportó antecedentes errados a la Subsecretaría de Educación Superior para acceder a tal beneficio, con posterioridad rectificó los datos, los cuales no fueron considerados en el proceso.
Lo que pretende el funcionario es únicamente portar sus cabellos de forma tal que se le oculten los vacíos que su enfermedad le genera, sin buscar innovar sobre la forma o apariencia del peinado que al menos durante 22 años ha sido aceptado por sus superiores.
Además de la indefinición de la situación de la niña, ella se encontraría alejada de su madre biológica, sin que esta tenga conocimiento del lugar exacto en el que se encontraría, y ya habrían trascurrido 3 años sin un relacionamiento efectivo con la niña en un proceso judicial que aún no tiene sentencia. Por otro lado, tampoco existe información que permita indicar que la situación en la que actualmente se encuentra la niña derivaría como resultado de su interés superior.
Someter un asunto al conocimiento de la justicia arbitral implica asumir un costo económico que no se presenta en los tribunales ordinarios, puesto que la justicia arbitral es de carácter privada y los honorarios del juez árbitro deben ser asumidos por los intervinientes.
Particularmente, la Sala de la Cámara solicitó al Gobierno modificar los requisitos del programa, para que más familias puedan optar a este subsidio habitacional.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no acompañar la recurrente sentencias de cotejo que difieran en la resolución impugnada.
