Corte de Copiapó rechaza protección de Municipalidad de Caldera por acceso a playas.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción deducida por carecer el municipio de legitimación activa para deducir la acción de protección constitucional.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción deducida por carecer el municipio de legitimación activa para deducir la acción de protección constitucional.
El Tribunal aplicó, además, a Dorado Zambrana las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más el pago de una multa de 40 UTM y las costas de la causa.
La iniciativa propone, entre otros puntos, crear un consejo consultivo que asesorará al director del servicio para la elaboración de dictámenes.
La instancia continuó abordando el fallido traslado de órganos desde Temuco, al tiempo que abrió el debate sobre las políticas públicas de trasplante en Chile y los centros de procuramiento.
La instancia contempla iniciar la votación del articulado de ambos proyectos de ley, uno impulsado por el Ejecutivo y otro originado en moción parlamentaria.
El prestador de acciones de salud deberá consignar el texto del derecho a la atención preferente y oportuna, con caracteres legibles, en un lugar visible y de fácil acceso del recinto.
Se trata de un libro que continúa la serie de homenajes promovidos por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, a los grandes maestros de esta disciplina del derecho.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducida en contra de la Corte de Apelaciones de Concepción.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada que condenó a la empresa Entretenciones y Publicidad Cristián Marcelo Estrella E.I.R.L. al pago de una multa de 3 UTM y la clausura del local comercial ubicado en el paseo peatonal 21 de Mayo por el plazo de treinta días.
La denuncia de parte de organismos de la sociedad civil, que acusan al MTT de incumplimientos de la ley vigente en este ámbito, apunta a la publicación de datos personales de los evasores del registro de la red de transportes sin necesidad de solicitar la información vía Ley de Transparencia.