El Tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado por la empresa, en contra de la resolución, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Iquique, que le ordenó pagar $5.465.559 por daño emergente, y $1.500.000, por daño moral.
El Tribual aplicó a la empresa multas por un monto total de 800 UTM, y el pago de una indemnización de $59.551 a cada tarjetahabiente.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional deducida por la Oficina de Protección de Derechos de la comuna de la Granja, tras acreditar la vulneración denunciada.
La gestión pendiente incide en autos sobre procedimiento ejecutivo laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.
La gestión pendiente incide en autos sobre tutela laboral por denuncia de prácticas antisindicales, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El máximo Tribunal estimó que no es concluyente informe psicosocial que no reconoce avances en resocialización de condenado.
La decisión de la Corte de Rancagua señaló que los hechos denunciados y su pretensión exceden el marco establecido para esta acción cautelar.
La Corte de Santiago estimó que la autoridad recurrida realizó todos los esfuerzos para asegurar una continuidad de la entrega de servicios educacionales y que un plan alternativo es materia del poder Ejecutivo.
La recurrente considera vulnerado su derecho a la propiedad.
El condenado cumplía todos los requisitos señalados por ley.
