Principio de probidad, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información oficial para evitar la corrupción, se propone incorporar al texto de nueva Constitución.
El Estado debe adoptar las medidas para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, persiguiendo administrativa y judicialmente la aplicación de las sanciones administrativas, civiles o penales que determine el legislador.