Concluir la titularidad del crédito universitario por la universidad demandada, prosigue la sentencia, no se ve desvirtuada por la circunstancia de existir regulaciones administrativas en el uso de los fondos y la gestión del mismo, pues tales controles se explican únicamente en la finalidad del crédito y el origen estatal de los recursos.

Razona la Corte que no yerra la sentencia impugnada al rechazar la excepción de incompetencia absoluta pues el procedimiento de tutela laboral se aplica respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas de dicho ámbito, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores.

La sentencia indica que el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias es un procedimiento mixto, contencioso administrativo y jurisdiccional, que se tramita conforme a las reglas establecidas en el Título V del Libro Tercero del Código Tributario que regula el «cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero».

Uno de los autores del texto, justificó la enmienda por las restricciones impuestas para limitar los contagios y la celeridad en la aprobación por la situación de incertidumbre provocada por la pandemia.

En esta versión se incluyeron las siguientes categorías: información sociodemográfica, trayectoria académica y de perfeccionamiento, trayectoria en el Poder Judicial, variables que incidieron en la decisión de ingreso al Poder Judicial, Programa de Formación de la Academia Judicial, Programa de Perfeccionamiento, e impacto y desafíos éticos del cargo.

El ente contralor adujo esto, pues ellas son expresión de la libertad de esas autoridades para participar en una votación, en ejercicio de un cargo de elección popular.

La Comisión solicitó al país trasandino que adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los miembros.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El fallo señaló que, el pleito corresponde al conocimiento de los jueces provinciales.

La Corte Suprema señaló que, con negativa de la recurrida esta incurrió en un acto arbitrario que amenazó una garantía fundamental.