El Tribunal Supremo de España acogió el recurso de la sociedad Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A.U. (AUDASA) contra el Real Decreto 803/2017, de 28 de julio, por el que se modificó el Convenio entre la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia y AUDASA.

Esto, a propósito de cinco acciones de tutela presentadas por mujeres diagnosticadas con infertilidad, que solicitaron la práctica de tratamientos de fertilización in vitro, los cuales fueron negados por las EPS a las que están afiliadas.

El órgano fiscalizador sostuvo que esto es una cuestión de hecho que compete ponderar a esa entidad, de acuerdo a los criterios ya precisados por la jurisprudencia de este origen.

El recurrido interpuso denuncia ante Fiscalía por ingreso clandestino y luego se desistió.

El Tribunal de Alzada señaló que el petitorio es propio de una acción ordinaria civil.

Recurrente señaló que se le aplicó el principio de doble incriminación al acoger demanda laboral.

La Corte señala que el amparado no cumple con el tiempo mínimo para acceder a la libertad condicional a la época de su postulación.

La responsabilidad patrimonial podrá reconocerse si la Administración sanitaria no prueba la adopción de medidas profilácticas o preventivas para sortear dicha infección en quienes se encuentran ingresados por otras patologías, acreditando el cumplimiento del estándar de funcionamiento del servicio sanitario en cada enfermo.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que declaró injustificado el despido por supuestas faltas a la probidad.

El máximo Tribunal acreditado el dominio por la parte demandante, corresponde tener presente que el arbitrio de nulidad sustancial no renueva la petición contenida en la acción reivindicatoria que, en su oportunidad, fuera ejercida por la vía principal, sino que únicamente solicita que se acceda a la demanda subsidiaria de accesión.