Los recurridos sostienen argumentos religiosos y científicos para evitar la vacunación de su hija. Su negativa infringe norma expresa contenida en el Decreto N°6 que obliga a la población a vacunarse contra enfermedades inmuno prevenibles.
Se constató que el recurrente fue condenado en el juicio ejecutivo promovido por un contratante, a pesar de no haber sido demandado por este. Por ello carecía de legitimación pasiva en la causa.
La evidencia de deficiencias generalizadas o sistémicas en el Estado solicitante no es motivo suficiente para denegar la entrega. Más bien, una persona que se opone a la entrega debe proporcionar evidencia precisa y específica del motivo que socavará su derecho a un juicio justo.
Se trata de una discusión que debe ventilarse en un procedimiento de lato conocimiento.
Se dio cuenta en el proceso que el recurrido voluntariamente eliminó la publicación impugnada, por lo no había ninguna acción que tomar para el resguardo de los derechos del recurrente.
Lo que se recrimina a la empresa proveedora no es la autoría en los delitos de estafa sufridos por la denunciante, sino que la falta de resguardos o medidas de seguridad para impedirlas, pues el sistema implementado no resistió las acciones que llevaron a la obtención y utilización de la tarjeta de crédito.
Para regular el tiempo durante el cual debe ser aplicada la agravante de reincidencia, se debe considerar el delito mismo de que se trata y no la pena aplicada en su momento por el ilícito anterior.
El Partido Progresista se encuentra en proceso de liquidación, por lo que se canceló su inscripción en el Registro de Partidos Políticos.
La iniciativa introduce modificaciones a la ley N° 19.880 con el fin, por un lado, de aumentar el plazo de interposición de los recursos administrativos de reposición y jerárquico y, por el otro, para asegurar la doble instancia efectiva respecto de aquellas resoluciones que sean objeto de recurso jerárquico.
No existe una errónea aplicación del derecho que hubiese influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que el tribunal se hace cargo del dolo como elemento del delito.
