Corte de Santiago señaló que hechos no son susceptibles de ser conocidos por la vía del amparo constitucional.
Máximo Tribunal señaló que no se reúnen los requisitos legales para hacer procedente la nueva unificación de penas pretendida por el recurrente.
Recurrente estimó vulnerada la normativa penitenciaria.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la Sala de Casación Laboral no analizó el fondo de todos los cargos contenidos en la demanda.
El máximo Tribunal brasileño adujo que la legislación que regula el procedimiento para la destitución de alcaldes no prevé la celebración de sesiones sin la presencia de público.
Se demostró que fue monitoreado regularmente por equipos médicos.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2, 8 y 24.
Tribunal indicó que los hechos denunciados no revisten la gravedad denunciada por el demandante.
Tribunal de alzada indicó que las normas de protección a los derechos fundamentales de los trabajadores se aplican a todas las personas, en aplicación de la protección constitucional de tales garantías.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que en el requerimiento impetrado no existe una gestión judicial pendiente en tramitación.
