Las normas sobre las cuales este Tribunal emite pronunciamiento fueron aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política.

Cuando se realizaba la búsqueda de la primera dama en Google, en lugar de registrar su nombre, se la mencionaba como “Fiambrola Chiruza Yañez” y, en cuanto a la ocupación, se señalaba “florero, periodista y actriz”.

Tratándose de un pronunciamiento de fondo por parte del Juzgado de Cobranza, el legislador habría excedido sus facultades pues no se trata de un procedimiento en que se busque cumplir una sentencia o una condena previamente tramitada.

La baja en la participación electoral puede generar que se produzcan asimetrías en la elección de las autoridades que son electos por una minoría.

El requirente argumenta que se infringirían garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

La Real Academia Española, a través de su Director, declaró que el lenguaje inclusivo estropea la lengua e idioma, convirtiendo el lenguaje en algo engorroso y conduce a un desdoblamiento innecesario.

En un Estado social y democrático, la administración tiene el deber de motivar sus actos, aun cuando estos correspondan a una facultad discrecional

Debido a la inacción del Gobierno es necesario radicar el deber de fijar precios, bajo circunstancias excepcionales, en un órgano autónomo y de carácter técnico.

El poder discrecional de los jueces y del principio de independencia del poder judicial, se encuentran limitados por la obligación de proteger la imagen y la vida privada de víctimas frente a injerencias injustificadas.

Las medidas cautelares no solo buscan precaver un peligro en la infructuosidad de la sentencia, sino que además tienen por objeto impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidos al conocimiento del Tribunal.