El tribunal ordenó oficiar al Hospital Regional para que emita un informe siquiátrico con el fin de determinar la imputabilidad de J.V.R.V. y una eventual peligrosidad para sí mismo.

El autor señala que el riesgo inminente se presenta en la necesidad de limitar la ordenación del tiempo de trabajo, asegurando el descanso necesario de las personas trabajadoras. A dichos efectos se manifiesta como esencial el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión digital.

El Tribunal acogió la demanda tras establecer que la empresa no acreditó las inconductas atribuidas al trabajador en el desempeño de sus funciones.

El máximo Tribunal ordenó al Tribunal de alzada resolver, como en derecho corresponda, el reclamo de ilegalidad deducido por la empresa, debiendo procederse a una nueva vista y fallo por ministros no inhabilitados.

Entre las modificaciones que se presentaron está el plazo de entrega de los dineros y el concepto de reintegro abriendo la posibilidad que sea algo voluntario.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García, Pozo, la Ministra Silva y el Ministro Pica, en consideración, primeramente, que el diseño legislativo del sistema de recursos es una opción de política legislativa.

En este caso se declaró correctamente la vacancia del mismo en virtud de lo estatuido en el artículo 151 de la Ley 18.834.

Si bien se aprecia del video un gesto del supervisor hacia el actor, que la juez interpreta como una bofetada a la mejilla, no le confiere el carácter de grave.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García, Pozo, la Ministra Silva y el Ministro Pica, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento deducido, en consideración que la inhabilidad de que se trata no resulta desproporcionada ni injusta, toda vez que constituye una exigencia de cumplimiento de la ley.

No debe haber mediado actuación policial.