El Tribunal de alzada ratificó la sentencia apelada, dictada por el 26° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la reclamación deducida en contra de la resolución sancionatoria.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada el 8 de julio pasado por el Juzgado de Garantía de San Carlos.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de Gendarmería al considerar factibilidad y necesidad de traslados ante posibles contagios masivos de la población penal.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, al compartir que la exposición de antecedentes que permiten la identificación de menores de edad infractores de ley, vulnera las normas vigentes sobre la materia.

Concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

El fallo señala que se equivoca el sentenciador al exigir que la licencia médica deba presentarse en forma oportuna, pues lo relevante es que se encuentre justificada la ausencia, lo que en la especie sucedió, pues la demandante sí contaba con una licencia médica y además la empleadora tenía conocimiento positivo del accidente sufrido por la demandante.

Cualquier diferenciación en orden a dividir ambas acciones, emanadas de los mismos hechos ilícitos y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatoria.

Se debió instruir una investigación previa que determinara las identidades de los involucrados y los hechos constitutivos de la infracción.

La Comisión advierte sobre decisiones y prácticas del Poder Ejecutivo que cuestionan la validez de legislación, jurisprudencia o tienen como objetivo cambiar políticas públicas dirigidas a la protección de las personas migrantes refugiadas y otras personas con necesidad de protección.

El estudio reclama que el Senado actúe con una mirada de Estado, resguardando y no poniendo en peligro la independencia judicial.