En tal sentido, el máximo Tribunal establece que una pena de presidio menor en su grado máximo corresponde a una de simple delito y no de crimen como estimaron los jueces de fondo, por lo que debe darse lugar a la solicitud de prescripción gradual solicitada por el amparado.

La prescripción del plazo en materia de responsabilidad estatal tiene como fin último evitar que exista indefinidamente una acción que permita a los afectados exigir a la entidad la reparación integral del daño generado por su actuar administrativo irregular, lo que encuentra su justificación en la seguridad y certeza jurídica.

Desaparece al Poder Judicial como poder del Estado, desmembrándolo en múltiples sistemas de justicia, lo que atenta contra la igualdad ante la ley, genera incertidumbre respecto de la normativa aplicable, y el Consejo de la Justicia, por su integración, tiene el riesgo de ser capturado por la política.

Tiene por objeto la promoción, protección y fomento del desarrollo sustentable de la apicultura como actividad silvoagropecuaria, mediante la regulación de la producción y extracción de productos apícolas; la comercialización de material biológico apícola; y los servicios de polinización.

Procede la agravante de extrema gravedad si se trata de organizaciones internacionales que cooperan entre sí y enlazan relaciones comerciales delictivas transnacionales planeando una operación de tráfico de grandes cantidades de cocaína, en la que interviene más de una organización diferente asentada en diversos países.

La iniciativa, cuyo objetivo es mejorar el sistema de gestión y tratamiento de aguas del acuífero La Coipa, tiene una vida útil estimada de 62 años y fue rechazada porque a juicio del SEA, la empresa no habría presentado algunos antecedentes durante el proceso de evaluación ambiental.

El hallazgo corresponde a una señalización de una pertenencia minera y no a las apachetas reclamadas por la comunidad, por lo que no se vulneran la libertad religiosa ni existe un trato discriminatorio de la empresa al removerlo –con autorización del CMN- e impedir el acceso a sus terrenos por razones de seguridad.

La información requerida es de carácter pública, al estar contenida en los registros del Ministerio de Salud. Además, tratándose de un derecho con consagración constitucional, el acceso a la información pública debe ser la regla general, descartando la aplicación de la reserva alegada por el órgano público.

Anuló de oficio el fallo impugnado al observar que no había considerado prueba fotográfica incorporada en una medida prejudicial, y por contener decisiones contradictorias.

La labor de mantención de las líneas es de cargo de la recurrente, y ello no se ha efectuado con la prolijidad y frecuencia necesaria existiendo por tanto un actuar negligente de parte de la propia actora de esta causa.