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Tribunal Constitucional de España.

Régimen de visitas y comunicaciones entre hijos y padres procesados penalmente debe ser determinado por el juez de acuerdo al caso concreto.

La comunicación y visitas del progenitor que no ostenta la guarda permanente del hijo menor de edad se establece como un derecho del que podrá gozar en los términos que se señalen judicialmente. El criterio que ha de presidir la decisión que corresponda adoptar al juez, debe ser necesariamente el del interés superior del menor, ponderándolo con el de sus progenitores, que aun siendo de menor rango, no por ello resulta desdeñable.

11 de octubre de 2022
Incompetencia absoluta del tribunal.

Juzgados de Policía Local son incompetentes para conocer y resolver asuntos que digan relación con disputas entre una compañía de seguros y el asegurado o beneficiario.

El artículo 543 del Código de Comercio determina que la justicia ordinaria o un tribunal arbitral es competente para resolver las disputas que se generen entre las partes del contrato de seguro, sin distinguir por la materia de esa disputa, tornándose irrelevante que los hechos denunciados configuren una infracción a la Ley del Consumidor.

11 de octubre de 2022
Tribunal Constitucional de Perú.

El derecho a la autodeterminación informativa tiene por finalidad proteger a la persona frente a los excesos derivados del uso, manipulación y difusión de los datos personales o familiares registrados mediante medios informáticos.

No es posible aceptar como justificación que el registro no genera antecedentes policiales, pues en la práctica está claro que su acceso, indebido o no, genera efectos negativos o perjuicios más que evidentes a quienes ven perjudicadas sus expectativas laborales por el solo hecho de figurar en el mismo a razón de valoraciones o estigmatizaciones de tipo social.

11 de octubre de 2022
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se otorgan medidas provisionales en favor de 45 “presos políticos” nicaragüenses.

La privación de libertad de estas personas conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos, situación que continúa erosionando las reglas democráticas. En una sociedad democrática los derechos y libertades de las personas, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada completa que adquiere sentido en función de los otros.

10 de octubre de 2022
Páginade 4969