Procede la agravante de extrema gravedad si se trata de organizaciones internacionales que cooperan entre sí y enlazan relaciones comerciales delictivas transnacionales planeando una operación de tráfico de grandes cantidades de cocaína, en la que interviene más de una organización diferente asentada en diversos países.

La iniciativa, cuyo objetivo es mejorar el sistema de gestión y tratamiento de aguas del acuífero La Coipa, tiene una vida útil estimada de 62 años y fue rechazada porque a juicio del SEA, la empresa no habría presentado algunos antecedentes durante el proceso de evaluación ambiental.

El hallazgo corresponde a una señalización de una pertenencia minera y no a las apachetas reclamadas por la comunidad, por lo que no se vulneran la libertad religiosa ni existe un trato discriminatorio de la empresa al removerlo –con autorización del CMN- e impedir el acceso a sus terrenos por razones de seguridad.

La información requerida es de carácter pública, al estar contenida en los registros del Ministerio de Salud. Además, tratándose de un derecho con consagración constitucional, el acceso a la información pública debe ser la regla general, descartando la aplicación de la reserva alegada por el órgano público.

Anuló de oficio el fallo impugnado al observar que no había considerado prueba fotográfica incorporada en una medida prejudicial, y por contener decisiones contradictorias.

La labor de mantención de las líneas es de cargo de la recurrente, y ello no se ha efectuado con la prolijidad y frecuencia necesaria existiendo por tanto un actuar negligente de parte de la propia actora de esta causa.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, y en su lugar acogió el recurso de amparo interpuesto por una ciudadana venezolana en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cerrar las oficinas del consulado de Chile en Venezuela mientras estaba pendiente la tramitación de la visa de responsabilidad democrática de […]

La aplicación del principio favor debilis permite equiparar la asimetría de conocimientos que los contratantes tienen de la cosa vendida, por estimarse que el comprador no posee la instrucción adecuada para determinar si el bien adquirido cumple con lo ofertado en la publicidad.

No es posible aplicar el artículo 97 del Código Penal para pedir la prescripción de una sanción administrativa en 6 meses, pues ella carece de carácter criminal.

La iniciativa propone que esta obligación no será aplicable a los abuelos y abuelas pensionados cuyo único ingreso sea la pensión garantizada universal u otra pensión de vejez, por el mismo monto o menor, exceptuando excepciones.