El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, la libertad de trabajo y su protección y el derecho de propiedad.
La situación descrita constituye uno de los supuestos previstos por la Constitución para la procedencia de la acción de amparo.
La decisión fue adoptada con el voto en contra de los Ministros Hernández Emparanza y Silva.
Se estimó que del mérito de los documentos acompañados por la recurrida, consta que el requisito de conducta no fue cumplido por el recurrente, quien sólo registraba dos bimestres con muy buena conducta previos a su postulación.
La Corte expresó que, efectivamente, hay falta de idoneidad moral en el actuar de la parte recurrente, pues la existencia de deudas previsionales y de multas por infracciones relacionadas a la misma materia es un antecedente objetivo a tener en cuenta.
El recurrente considera vulnerado su derecho a la protección de datos personales y su derecho a la propiedad.
El informe plantea que la idea central del Proyecto -esto es, asegurar que se respete el uso preferente de asientos reservados en el transporte público para personas con discapacidad- parece necesaria.
El Tribunal de alzada descartó vicio ultra petita (conceder 'más allá de lo pedido') en la resolución impugnada, dictada por el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de protección de la defensa en contra de la resolución del dos de agosto pasado, dictada por el Juzgado de Garantía de Graneros.
El Juzgado Garantía de Collipulli rechazó la solicitud de las defensas de los imputados Raúl Evaristo Ávila Morales, Braulio Valenzuela Aránguiz y Patricio Sepúlveda Muñoz, de decretar la reapertura de la investigación del denominado caso Catrillanca.
