Además, no deben ser susceptibles de ningún otro recurso, sea ordinario o extraordinario.
La aplicación de la agravante de discriminación ideológica se encuentra justificada, porque la agresión fue con la única finalidad de atacar a sus oponentes ideológicos y resaltar su propio pensamiento político.
El máximo Tribunal compartió la interpretación jurisprudencial plasmada en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Chillán, que confirmó la de primer grado que dio lugar a la demanda y que le ordenó a las empresas CAM Servicios de Telecomunicaciones Limitada y Movistar Telefónica Chile SA a pagar, en forma subsidiaria, el recargo porcentual y a restituir los montos que la contratista descontó de las indemnizaciones por años de servicio del aporte patronal al fondo de cesantía de los demandantes.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de las recurridas al denegar la cobertura por razones administrativas y económicas, del medicamento recomendado como única alternativa de por médico tratante.
El requirente estima que el plazo contemplado constituye un obstáculo irracional para su derecho a una tutela judicial efectiva.
El artículo 90 A del Estatuto Administrativo impide el cambio de localidad del funcionario que denuncia a sus superiores jerárquicos, sin previa autorización por escrito del administrado.
En tal caso, ante la colisión entre el derecho a la honra y la libertad de expresión, debe primar la segunda.
La discriminación indirecta se produce si al fijar la estatura mínima no se atiende a las funciones que han de realizar las mujeres, y a las acreditadas diferencias de estatura media, por sexo, de la población.
El requirente alega que se le impide controvertir una prenda que le es inoponible por sentencia ejecutoriada, vulnerando sus garantías constitucionales.
Mientras no exista sentencia que determine responsabilidad de los recurrentes en los hechos, la recurrida debe abstenerse de denostar su honra por redes sociales. Publicaciones del abogado de la presunta víctima se encuentran amparadas en la libertad informativa para dar a conocer el estado judicial de las denuncias.
