El Tribunal de alzada estableció que el homicidio de Aburto Gallardo corresponde a un delito común y no un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, se encuentra prescrito la responsabilidad penal y civil.
El Tribunal de alzada desestimó la acción judicial deducida por la Sociedad Gastronómica Kiel Limitada, tras establecer que el camino Las Cahuellas es un bien nacional de uso público.
La iniciativa obliga a las empresas de telecomunicaciones a entregar a Carabineros la información de individualización y localización de las empresas que realizan llamadas a los teléfonos de emergencia para asistir en la función de combate y la atención de las emergencias.
La instancia, además, incorporó una disposición que impide que los funcionarios que pasen a retiro sean contratados, ya sea sobre la base de honorarios o a contrata, en ninguna entidad de las Fuerzas Armadas y empresas públicas creadas por ley, dependientes de las Fuerzas Armadas o que se relacionen con dichas instituciones.
La sentencia sostiene que tal como se desprende de las imágenes acompañadas al proceso, es razonable coincidir con lo resuelto en la resolución reclamada, en cuanto es posible reconocer una única fuente predominante (Discoteque Delphos).
El senador Rafael Prohens presentó una moción en esa línea y para aumentar los requisitos para optar a la libertad condicional.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de BancoEstado al denegar la información solicitada, tras establecer que la recurrente posee un interés legítimo en acceder a datos que no se encuentran sujetos a secreto bancario.
El Tribunal acogió la demanda presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en contra de la multitienda por no entregar los productos adquiridos en el plazo comprometido, presentar problemas en las transacciones de compras y no contar con stock suficiente de productos.
El máximo Tribunal estableció que la Contraloría General de la República no puede interpretar las normas del Código del Trabajo para los funcionarios de la CAJ.
