La esencia del delito de injurias no está en la corteza de los vocablos sino en la intención de quien los profiere.
El tribunal de primera instancia descartó la vulneración de derechos fundamentales en la decisión de separar de funciones al ex policía, al considerar que tal medida se tomó en base a antecedentes objetivos y verificables que daban cuenta de faltas a la ética y probidad del funcionario.
Además, no negó la existencia de la deuda por lo que no pudo objetar el título invocado por el acreedor.
No se puede aplicar retroactivamente una norma posterior que es más gravosa para el condenado.
Al demandar ejecutivamente el acreedor manifestó su voluntad de cobrar el total de lo adeudado, por lo que al prescribir la acción cambiaria, ésta opera respecto del total de la deuda y no sobre parcialidades.
El derecho al trabajo y a la educación no son afectados cuando la idoneidad de los postulantes, a cargos de interés público, está determinada por requisitos de alto estándar que comprueban sus habilidades y destrezas.
La iniciativa legal busca autorizar la toma de examen PCR, en el contexto del programa de Búsqueda de Casos Activos de Covid-19, desde los 14 años de edad, sin consentimiento de sus padres o quienes ostenten la patria potestad.
Empresa acusó que de forma repentina el municipio de Curarrehue le comunicó el cobro de más de 200 millones de pesos por patentes que estaban impagas desde el año 2000.
Durante el examen de las objeciones preliminares presentadas por Myanmar, se estimó que la Corte posee jurisdicción sobre la base del artículo IX de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
La iniciativa volvió a la Comisión de Salud de la Cámara para que emita un segundo informe, a raíz de una indicación presentada por la Diputada María Luisa Cordero, que busca ampliar dicho día también a la esclerosis lateral amiotrófica y a otras enfermedades desmielinizantes.
