La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución dictada el pasado 4 de septiembre, al considerar que el hecho descrito en la querella no es constitutivo de delito por ausencia de antijuridicidad material.
La Octava Sala del tribunal de alzada consideró que la autopista es responsable por falta de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la vía.
La Primera Sala del tribunal de alzada acogió las acciones de amparo al considerar que el actuar de los recurridos ha sido arbitrario.
Garantizar el acceso a la información ambiental es un deber del Estado. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los preceptos impugnados junto con la regulación ambiental que ha sido invocada en esta sentencia, no sólo se ajustan plenamente y desarrollan el principio de publicidad dispuesto en nuestra Constitución Política, sino que también a las reglas del Acuerdo de Escazú que comprometen a Chile.
La Isapre CONSALUD invocó un supuesto delito cometido por el denunciante -hecho que resultó ser falso- para terminar el convenio, sin dar mayores explicaciones al actor, lo que vulneró el deber de brindar información oportuna al consumidor. La empresa fue multada y además debe pagar 5 millones pesos en favor del demandante, por daño moral.
Los recurrentes deben poner en conocimiento los antecedentes a la justicia ordinaria, quien determinará la existencia de las supuestas infracciones a la Ley N°19.733, en la emisión del reportaje que acusan de difamatorio.
El tratamiento de depilación láser no requiere de la supervisión de un médico en cada una de las sesiones prácticas por el técnico habilitado.
El acusado intentó anular el juicio, argumentando ser sometido a un control vehicular por el mero hecho de conducir un automóvil con vidrios polarizados, no obstante, el tribunal indicó que el indicio habilitante de la actuación policial fue la huida desesperada de los ocupantes del móvil al notar la presencia policial, quienes incautaron al recurrente 106 papelillos de pasta base, así como dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.
El imputado pretendió anular la condena en su contra, cuestionando la pertinencia de la denuncia generada por la aplicación, en la que se le acusa de portar un arma de fuego en plena vía pública en la comuna de Estación Central, hecho que fue corroborado por los agentes que lo controlaron y detuvieron.
La violencia exigida en el delito de coacciones no es solo la física, sino también la vis compulsiva dirigida a compeler al destinatario de la misma a atenderle imperativamente a requerimiento o demanda en contra de su voluntad. En este caso, a la vista de la reiteración en el mismo día de las llamadas, se excede lo que pudiera considerarse ordinario en la relación profesional abogado-cliente.
