En la jornada se debatió una indicación que pretendía que pymes y municipios pudieran acceder a la categoría de clientes libres, de manera de negociar directamente con las generadoras, lo que fue rechazado.
La Magistratura colombiana consideró que el principio de obediencia debida nunca puede ser entendido como un principio de obediencia ciega.
Durante el debate algunos senadores advirtieron la inconstitucionalidad de una indicación propuesta por parlamentarios y que irrigaría mayor costo fiscal.
El órgano contralor concluyó que habiendo sido invitada la peticionaria al respectivo proceso de catalogación, no se advierte reproche que formular a lo obrado en la especie por la Subsecretaría de Educación y la DCCP, por lo que se desestima el reclamo formulado.
La gestión pendiente incide en autos sobre procedimiento concursal de liquidación, seguidos ante el 1° Juzgado de Letras de San Bernardo.
La gestión pendiente incide en autos civiles, en actual conocimiento de la Corte Suprema por recurso de casación en la forma y en el fondo.
El máximo Tribunal señaló que la acción constitucional ha sido entablada dentro del período de treinta días contemplado en el Auto Acordado de la Corte sobre tramitación del Recurso de Protección.
Fonasa negó el acceso a cobertura de medicamento «Ataluren», por lo que el recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 24.
El Tribunal de alzada estableció que el recurso es extemporáneo.
El proyecto fue presentado por la Diputada por la Región del Biobío, doña Joanna Pérez.
