Los órganos de la Administración no ejercen funciones jurisdiccionales al dictar resoluciones, por lo que no se trata de una impugnación de lo resuelto en primer grado.
El poseer un justo título inscrito no significa que el demandante ya adquirió por tradición, pues tal título es uno de los requisitos para que la prescripción adquisitiva sea declarada.
Órgano sindical adoptó la sanción al considerar que el trabajador debió preferir los mecanismos de solución de controversias establecidos en el contrato colectivo, antes que denunciar a la Inspección del Trabajo.
Al gozar los actos administrativos de presunción de legalidad, es necesario desvirtuarlos en un procedimiento de impugnación propiamente tal o en un procedimiento contencioso administrativo u otro según la naturaleza que le asiste.
El máximo Tribunal determinó que la demanda se presentó dentro de plazo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N°19.880.
Los días de extensión sólo pueden ser usados mientras se encuentre vigente el Decreto N°4 de 2020.
La reserva de identidad e información de los declarantes no vulnera el debido proceso, si la defensa no es capaz de acreditar en qué afecta para su teoría del caso desconocer la identidad del testigo incógnito.
Italia vulneró la prohibición de la tortura y tratos inhumanos por no juzgar, en tiempo y forma, los delitos cometidos por el marido de una mujer víctima de violencia intrafamiliar.
El oficio recomienda legislar sobre esta materia, puesto que actualmente no existe una regulación normativa que establezca plazos para la emisión de certificados o copias que emiten los Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales, no obstante, bien podría extenderse este propósito. Llama la atención el hecho de haberse excluido a los Notarios como parte de los sujetos obligados.
Judicatura explicó que la acción judicial perdió objeto, pues el Ministerio del Medio Ambiente revocó la resolución que configuró el rediseño.
