La demanda fue notificada en un domicilio perteneciente a una comuna diferente de aquella en la que el tribunal y el receptor tienen su asiento, mientras que el requerimiento se practicó tácitamente en el domicilio de este último, por lo el municipio contaba con 8 días para plantear excepciones y no con los 4 días que consideraron los jueces de fondo.

De lo contrario, se tiene por no preparado el recurso de nulidad formal. Del mismo modo, la nulidad sustancial debe argumentarse en consideración a las normas que sirvieron de base para dictar el fallo impugnado.

Corte Suprema confirmó el pago de indemnizaciones a la victima de un accidente de tránsito, al constatar que la demanda civil se tramitó conforme a las reglas de los artículos 62 y 263 del Código Procesal Penal.

El despliegue y desarrollo de la matriz digital nacional, en su conjunto, requiere de una adecuada sinergia y coordinación entre los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones, por una parte, y el Estado, por otra.

Judicatura especializada también suspendió los efectos de la parte no anulada de la RCA hasta que termine de reevaluarse la iniciativa.

El tribunal había determinado cinco controversias relativas con aspectos formales como la solicitud de invalidación y otras relativas a la afectación a los sistemas de vida y costumbres de los pueblos indígenas, su patrimonio cultural y la procedencia de la consulta indígena, entre otros.

En la audiencia se presentaron los alegatos contra resolución del SEA que rechazó una solicitud de invalidación de la DIA del proyecto “Centro de Engorda de Salmones Leucoton”, de la empresa Blumar S.A.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario, ilegal y discriminador del servicio recurrido al denegar la solicitud, basado en normas y categorías de filiación derogadas.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso dirigido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de primer grado que condenó a la empresa a pagar al trabajador por concepto de daño moral.

El Tribunal de alzada ordenó a las inmobiliarias paralizar tanto las obras como la tramitación de los permisos municipales, sectoriales y ambientales exigidos por ley, en tanto no obtenga la aprobación del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA).