El Tribunal de alzada consideró que los hechos que ameritaron este antejuicio no son acusaciones ligeras ni sin fundamento, pero que en caso alguno lesionan la presunción de inocencia que le asiste conforme a derecho a la magistrada.

El máximo Tribunal consideró que hubo actuar arbitrario de la autoridad al sancionar a la profesional por negarse a entregar fichas médicas de sus pacientes, siendo que tiene otros mecanismos para verificar atenciones sin vulnerar la privacidad de los pacientes.

El proyecto “Construcción del Paseo Costanera Sur Laguna Señoranza de Laja”, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, debiendo paralizarse las obras hasta obtener una decisión definitiva sobre la materia.

El Tribunal de alzada consideró que no corresponde aplicar sanción a la estación televisiva, ya que el condenado hizo uso de su derecho a la libertad de expresión y no se vulneraron las normas del pluralismo político.

Le permite a los inspectores actuar sin motivar sus resoluciones sancionatorias, lo cual genera la indefensión del fiscalizado quien no sabrá por qué se le impone determinado monto.

El recurrente tiene derecho a conocer la orden incautación de la que emana la diligencia y, en cualquier caso, a conocer y recibir copia de ésta, si la solicitare.

La decisión impugnada al ser adoptada sin la debida fundamentación, ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

La limitación al ejercicio del derecho a sufragio contenida en el artículo 16 Nº2 no es una consecuencia jurídica automática asociada al hecho de haberse dictado una acusación en contra del imputado y debe interpretarse de manera restringida.

Las normas impugnadas no tienen rango legal.

El mantenimiento de la campaña de vacunación lleva aparejados efectos indudablemente más favorables para la protección de la salud pública, que las consecuencias que cabría esperar de la medida formalmente deducida por la actora.