Los Estados deben consultar y buscar el consentimiento de las personas cuyos derechos pudieran ser violentados por programas y proyectos que impliquen riesgo de daño ambiental significativo.
El fallo señala que, es un hecho de conocimiento público que, al momento de ser conocido el presente recurso por este Tribunal, la comuna de Las Condes ya se encuentra en fase 3 del plan paso a paso diseñado por la autoridad sanitaria y que, además, le fue levantada la cuarentena.
Se trata de una iniciativa que busca lograr un adecuado desarrollo de las ciudades y una densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo, para lo cual entrega diversas funciones al Ministerio de Vivienda, entre otras materias.
Se trata de dos proyectos que fueron aprobados por la Sala del Senado. El primero de ellos pasó a tercer trámite a la Cámara y el segundo quedó en condiciones de convertirse en ley.
Asimismo se hizo ver la necesidad de cuantificar -de manera formal- estos emprendimientos en el país considerando que hoy solo se cuenta con encuestas encargadas por el Ministerio de Hacienda.
El requirente estima que vulneran sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, proporcionalidad de las sanciones, derecho de propiedad y seguridad jurídica.
De esta forma, el empleador no puede aludir a otros hechos no contenidos en esa comunicación.
La resolución en análisis exige recurrir al principio pro-administrado, en cuya virtud es preciso interpretar la normativa aplicable de manera que no se perjudique al administrado.
El legislador consagró una tutela ostensiblemente completa.
El requirente alega que le impide ejercer su derecho a ejercer acción penal, vulnerando también su garantía al debido proceso.
