La actora sostiene que la municipalidad rechazó su solicitud bajo la justificación de no tener caniles disponibles.
El beneficio de la semana corrida generó las diferencias por las cuales no se enteró el íntegro de las cotizaciones previsionales.
La gestión pendiente incide en un proceso penal, seguido ante el Juzgado de Garantía de Melipilla, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de hecho.
La reclamante alega que no existe una relación laboral con los repartidores.
La disposición no satisface las garantías mínimas que permitan sancionar adecuadamente una conducta infraccional, desde que su texto no establece un marco de justicia y racionalidad.
DIPRECA deberá continuar pagando esos montepíos, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste de impugnar tales actos en sede judicial, en caso de estimar que concurren causales para ello. Dos de las pensiones de montepío fueron conferidas sobre la base de una errónea interpretación legal.
Las normas objetadas obligan a que se presten servicios mínimos y se establezcan equipos de emergencia, sin hacer distinción del tipo de empresa o de las consecuencias que podría traer aparejada una eventual huelga, tal como lo exige la OIT.
El fallo sostiene que no se cumplen todos los requisitos previstos en la normativa que regula la postulación al Tribunal de Conducta para obtener el beneficio de libertad condicional.
Denuncian incumplimiento al deber de supervigilancia, que se manifiesta en actuaciones de inspección o de carácter coercitivo, sin embargo, el recurrido omitió su ejercicio o la aplicó de manera inoportuna.
La iniciativa sostiene que actualmente la prisión preventiva sirve como herramienta de control y represión penal anticipada de la sentencia.
