La norma objetada infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que la aplicación del precepto conlleva a una diferencia arbitraria, injusta e irracional, entre la situación del ejecutado en sede civil y el ejecutado en el juicio ejecutivo laboral.

La acción se interpuso por un sindicato en contra de ocho empresas.

Los fallos de contraste resuelven sobre la base de circunstancias fácticas diversas a aquéllas establecidas en la resolución impugnada.

El personal se ha visto sometido a una alta actividad, turnos de atención de muchas horas, difíciles condiciones laborales y contagios por Covid-19.

El fallo modifica el criterio generalmente sostenido por el máximo Tribunal.

La gestión pendiente incide en un procedimiento de cobranza laboral y previsional seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción.

Los organismos denominado fiscales no pertenecen, sino que representan al Fisco.

El fallo estimó que al haberse extendido el procedimiento por más de seis meses y estando paralizado por un término largamente superior, corresponde declarar la imposibilidad material de continuar dicho proceso.

Los preceptos impugnados amplían el objeto del acceso a la información vía Ley de Transparencia.

Recurrentes alegan que el lago está saturado y contaminado, situación que empeoraría de aumentar la producción de peces de 400 a 650 toneladas anuales.