La demandada convivió por dos años con el dueño de la propiedad raíz, acto que presume la autorización del actor para su permanencia en el predio, e impide que se configure la hipótesis de mera tolerancia establecida en el inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil.
No es imprescindible examinar el conjunto del sistema sanitario o penitenciario del Estado requirente. Lo que importa es verificar si la persona reclamada tendrá garantizada la asistencia médica que pueda precisar.
La materia de derecho propuesta es la forma de hacer efectiva la responsabilidad del dueño de la obra o faena; si se le debe demandar conjuntamente con el empleador o de manera solidaria o subsidiaria.
La doctrina impone al empresario, ante la trascendencia de la medida sancionadora que se disponía a imponer, el deber de agotar diligentemente los mecanismos regulares de comunicación que obraban a su alcance, entre los que se encontraba el de WhatsApp. No se comprende que acuda a esta vía para informar al trabajador de su cese, y no antes para requerirle su reintegro.
La reclamación presentada por un grupo de vecinos fue acogida por el Tercer Tribunal Ambiental, lo que deja sin efecto la resolución que calificó ambientalmente favorable la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.
Los hechos constitutivos de infracción se vinculan con la ejecución de un proyecto de desarrollo minero sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y con el incumplimiento de una instrucción de carácter general asociada a la caracterización de las descargas de residuos industriales líquidos (RILes). En cuanto a las medidas provisionales ordenadas, éstas tienen por objeto evitar tanto la afectación de las turberas existentes en el área de desarrollo del proyecto, como la descarga de RILes con alta turbiedad a cursos de agua superficiales.
El máximo tribunal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y estableció el actuar ilegal y arbitrario del Mineduc al establecer una diferencia o discriminación arbitraria entre instituciones de educación superior que integran un mismo grupo o categoría, al restringir el número de matriculados, sin especificar los motivos o razones que den sustento a dicha decisión y en contradicción con el mayor número de técnicos de nivel superior que prevé el mercado laboral.
El Tribunal de alzada descartó amenaza, amago o perturbación de los derechos del recurrente por la difusión de la información en portal web.
La judicatura de fondo no razonó adecuadamente sobre la prueba aportada al juicio al estimar que no existía responsabilidad del municipio por falta de servicio, debido a la pobre mantención del juego que produjo el accidente.
El Tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia impugnada, dictada por el Decimotercer Juzgado Civil de Santiago, que hizo lugar a la excepción de prescripción extintiva opuesta por los demandados.
