Norma del Código del Trabajo que sanciona con multa a empresas infractoras de la legislación laboral, se cuestiona ante el Tribunal Constitucional.
Vulnera el principio de la proporcionalidad al no graduar la cuantía en función de la gravedad de la infracción. También la igualdad ante la ley y el debido proceso al entregar tal determinación discrecionalmente a la autoridad administrativa.