La requirente alegó que se vulnera la autonomía municipal al obligársele por el juez a reincorporar a un funcionario a contrata y que tal prerrogativa no le ha sido conferida expresamente a los tribunales de justicia.

La propuesta se impulsa en función del gran número de delitos, como estafas telefónicas o extorsiones, que se realizan desde las cárceles bajo la modalidad “cuento del tío”.

Hay suficientes elementos que permiten relacionar la situación del obispo con los hechos que justificaron la adopción de medidas provisionales en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua. Ello lleva a la Corte a constatar que, prima facie, se configuran los mismos factores de riesgo que se han identificado en las Resoluciones adoptadas en este asunto.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia que estableció la falta de servicio de la demandada, por haber incumplido tanto el Servicio Nacional de Geología y Minera (Sernageomin) como la Dirección del Trabajo (DT) el deber de fiscalizar las condiciones de seguridad y laborales de la faena de propiedad de la compañía minera San Esteban Primera.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios superiores al denegar la repactación de la deuda.

El requirente alega que el precepto legal impugnado establece sanciones extremadamente gravosas y no atiende a las circunstancias del caso particular, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.

La actora acudió al Hospital de Castro por complicaciones con su embrazo, y una vez en el recinto decidió marcharse a su domicilio, para lo cual, el personal del nosocomio le hizo firmar un formulario de consentimiento informado, en que no se le comunicaba adecuadamente de los riesgos de dicha decisión, ni de la cesárea que debía ser efectuada para salvar la vida de su hijo, que falleció posteriormente.

La actora intentó revertir el abandono del procedimiento decretado en alzada, argumentando que su inactividad procesal obedeció al entorpecimiento que la pandemia de COVID-19 produjo en los tribunales nacionales, argumento que fue desechado por el máximo Tribunal al considerar que tal aserto, sólo aplica en aquellos juicios iniciados durante el estado de excepción, lo que no aplica a la causa.

El acusado acreditó que utiliza la planta para elaborar productos que emplea para su tratamiento contra la esclerosis múltiple, por lo que no existe antijuridicidad material en dicha conducta, a la luz de lo establecido en el artículo 8 de la Ley N°20.000.

El alto tribunal afirma que lo que deben hacer los dueños de las mascotas es acondicionar el lugar de residencia para atenuar el impacto sonoro y así coexistir en armonía con los vecinos.