La iniciativa establece la obligación legal para que los edificios, establecimientos y espacios destinados al uso de público, o que impliquen la concurrencia de público, cuenten con áreas o espacios de descanso y asientos para personas que por su condición física o psíquica así lo requieran.

El establecimiento discriminó al niño al no permitir su continuidad y recomendar a la madre cambiarlo a un colegio municipal que contara con el programa de integración PIE.

Las publicaciones contendrían expresiones que podrían ser constitutivas de un ilícito penal o civil, lo que, de ser efectivo, corresponde dilucidar en el procedimiento legal respectivo.

El término probatorio es de carácter común para las partes y para transitar a la fase de prueba es menester notificar a ambas.

Si la privación temporal de la libertad resulta injustificada, porque el afectado por la prisión preventiva fue absuelto, no puede exigírsele que simplemente se conforme con esa injusticia que derivó de un exceso en el ejercicio del ius puniendi del Estado.

El requirente alega que se le impide defenderse de una ejecución injusta, vulnerando sus garantías de debido proceso e igualdad ante la ley.

La actitud de dictar una resolución agregando requisitos no contemplados en la ley, para acceder al bono de desempeño que contempla la Ley N°20.240, contraviene su derecho de igualdad ante la ley.

La iniciativa persigue aumentar las penas de delitos contra los bienes jurídicos más relevantes: la vida, la propiedad, la seguridad interior y el orden público, cuando para su realización se utilizare un arma de fuego con el fin de que tenga un verdadero efecto disuasorio.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado vulnera sus garantías de igualdad en la repartición de las cargas públicas, libertad económica y propiedad.

El certificado por sí solo no permite acreditar la deuda de los copropietarios, ya que tal presunción no resulta obligatoria para el sentenciador.