Es importante establecer acciones concretas que fomenten la participación de los estudiantes en el proceso constituyente.
Un grupo de senadores propuso un proyecto de ley en ese sentido, el que se estudiará en conjunto con una iniciativa similar presentada con el objeto de reconocer este patrimonio.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Magistratura constitucional colombiana insistió a la universidad sobre la necesidad de liderar el diálogo y el acercamiento con la estudiante, a fin de actualizar las medidas de acompañamiento académico, de acuerdo con las necesidades específicas de la joven, para que pueda continuar con su proceso educativo.
Es una enfermedad que se encuentra contemplada dentro de las Garantías Explicitas de la Salud y el fármaco recetado fue prescrito por el comité oncológico competente como única opción para mantener con vida al paciente.
La relación a contrata es de carácter temporal y la permanencia del empleo está entregada a la necesidad de la institución de contar con el servicio de los funcionarios y de sus recursos presupuestarios.
Las demandantes no impugnaron la aplicación de las normas del Código Civil que tuvieron carácter decisorio litis en el fallo impugnado.
El Tribunal determinó que la resolución sancionatoria de la SMA no se encuentra debidamente motivada respecto de los elementos que configurarían el fraccionamiento del proyecto inmobiliario, específicamente en lo que se refiere a la unidad de proyecto y la intencionalidad, “ilegalidad que solo puede ser corregida mediante la nulidad de la Resolución Exenta N° 775/2018”.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El arbitrio fue interpuesto por un experto en materias jurídicas contratado a honorarios en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
