El juez descartó actuar arbitrario en el proceso sancionatorio abierto por la Inspección Comunal del Trabajo de Loncoche.

La acusación particular que ejerce la denunciante pedirá una sentencia que lo condene a doce años de prisión, mientras que la Fiscalía ha exigido una pena de nueve años de cárcel.

Alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, el debido proceso, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el principio de seguridad jurídica, desde que al remitirse el fallo a la Dirección del Trabajo para que proceda a registrarlo y publicarlo, no podrá contratar con el Estado el uso de estadios para la disputa de diversos espectáculos deportivos, siendo uno de ellos el próximo mundial juvenil.

El encartado fue fiscalizado por los agentes, quienes notaron el bulto en la cintura del acusado, que resultó ser una pistola de fogueo modificada para el disparo convencional, cargada con munición -también modificada- por lo que el control mutó a uno investigativo en atención al artículo 85 del Código Procesal Penal, siendo detenido y finalmente condenado por el porte del arma prohibida.

Es lícito que los y las juzgadoras disientan de las conclusiones de un determinado perito, las que no son vinculantes para ellos, pero tal ejercicio -ante la existencia de conocimiento experto en un área donde los sentenciadores son legos- debe estar apoyado en una pericia que la desacredite o bien contradiga fundadamente sus conclusiones, lo que no ha ocurrido en este caso en que órgano judicial simplemente se ha apartado del conocimiento del perito sin más.

Se tiene por acreditada su responsabilidad en los hechos. En tal sentido, la conducta reprochada implicó el daño de la mampara de acrílico ubicada en la mesa de entradas de la referida judicatura, circunstancia que torna de aplicación la hipótesis agravada prevista en la norma por tratarse de un objeto de uso público.

El sistema utilizado implica que la persona cuya identidad se pretende recabar, debe poner las manos sobre una pantalla, sistema que está conectado con el Registro Civil y con esas huellas digitales se entrega su nombre, información que tarda dos minutos en llegar.

A nivel regional, entre los años 2021 y 2023, la región Metropolitana encabeza un total de 58 defunciones por ese motivo, seguida de la región del Biobío. No obstante, la región de Tarapacá es la que tiene mayor tasa con respecto a su población (por cada 100.000 habitantes), cuya comuna más afectada corresponde a la de Iquique.

En la aplicación de su régimen disciplinario interno especial de bancadas, los partidos políticos deben garantizar plenamente el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional. La fuerza normativa de la garantía y el derecho al debido proceso no se restringe al ámbito público, sino que invade todo el ordenamiento jurídico, incluso las relaciones entre particulares.

No obstante, para el año 2024, las jefaturas de los servicios públicos pueden eximir del control horario de la jornada de trabajo hasta un 20% de su dotación, teniendo preferencia para acceder al beneficio los funcionarios o funcionarias que tengan bajo su cuidado a niños y niñas menores de 14 años o una persona con dependencia severa.