La Universidad de Chile alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera el principio de servicialidad del Estado, además de las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
La actora solicitó mediante escritura pública la cancelación de una inscripción fundado en que, si bien el DL 2.695 disponía que dicha inscripción se cancelaba por el sólo ministerio de la ley una vez se accedía a la regularización de un título de dominio, en la práctica aún seguía vigente.
La normativa contiene lineamientos específicos para el reconocimiento de las uniones de hecho, a saber; debe tratarse de una relación “pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio. El marco normativo que regula y pretende proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar resulta más amplio.
En la actualidad, el procedimiento médico no está codificado por el Fondo Nacional de Salud, por lo que no tiene cobertura de parte del sistema público, lo que se solicita a fin de garantizar su acceso equitativo en la población.
La requirente estima que el impedimento impuesto por la norma impugnada es atentatorio contra su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.
No hay vulneración del fuero que goza la interesada, puesto que, su vínculo con Gendarmería se mantiene vigente, bajo las mismas condiciones existentes al momento de iniciar su embarazo.
La naturaleza conjunta de la obligación alimentaria de los padres no significa que ambos deban responder en igual porcentaje para la cobertura del gasto total de manutención. En esa medida, el aporte que corresponde cubrir a cada padre debe fijarse en proporción a sus propias posibilidades económicas y condiciones personales.
El partido no logró el número de ciudadanos afiliados para completar su inscripción dentro del plazo de 210 días corridos en los porcentajes exigidos por la ley.
De esta forma, Estado Unidos ha dado expresamente su apoyo a Ucrania y otros países que han promovido la creación de un tribunal especial parar juzgar a Rusia por el “crimen de agresión”, en forma paralela al proceso radicado en la Corte Penal Internacional.
Es un hecho público y notorio que el señor López fue condenado en sede penal, razón por la cual ante tal antecedente las entidades financieras deciden hacer uso de sus facultades contractuales y legales.
