La Primera Sala del máximo tribunal consideró que hubo error de derecho al acoger la demanda, ya que el informe pericial más convincente de la causa desestima error en el procedimiento médico.
La jueza descartó el decaimiento de la acción de cobro y confirmó la sanción.
La modificación legal expresada en la Ley N°21.412 abordó un perfeccionamiento de la legislación sobre armas de fuego, buscando atenuar la severidad del tratamiento punitivo usando como paradigma la diferenciación entre los diversos ilícitos, según la penalidad que fijare el legislador, entregando una serie de atribuciones al propio sentenciador para calibrar y ponderar las situaciones fácticas.
Su relación laboral concluyó el día 30 de junio recién pasado, por lo que ya no pertenece a la institución lo que haría inoficioso adoptar alguna medida reparativa o paliativa para poner término a la situación denunciada dentro del ámbito interno del hospital.
No puede pretenderse que la acción de amparo se erija en un instrumento que propicie la revisión anómala e impropia de lo actuado por un tribunal. Aceptarlo importaría distorsionar tanto la finalidad de la acción de amparo como la regularidad elemental del procedimiento que la rige.
Para dichos efectos se decretaron diversas diligencias investigativas como así también la medida cautelar de orden de alejamiento.
La víctima percibió de un modo indubitado el mal que se le anunciaba mediante la conducta del condenado, configurándose, por tanto, el elemento de seriedad.
El máximo Tribunal confirmó la decisión de los jueces de segundo grado, y desestimó la acción de precario, al observar que la demandada posee un antecedente jurídico que habilita la tenencia del inmueble, por lo tanto, la ocupación no era ignorada por el actor, pues el anterior dueño del predio es su hermano, actual cónyuge de la demandada.
La iniciativa se promueve a partir del caso de una joven brutalmente asesinada cuyas imágenes y la de su cadáver fueron filtradas por agentes de seguridad que intervinieron en la escena del crimen. Se propone castigar al hechor funcionario público que divulgue imágenes de mujeres y menores de edad asesinados con una pena de hasta 15 años de cárcel, y si es un particular a 18 años, además del pago de una multa de 9.000 dólares.
Atendida las particulares exigencias que imponen la función policial y la carrera profesional, por cuanto su personal deberá garantizar y mantener el orden y la seguridad pública interior.
