Los recurridos, a sabiendas de los túneles y del carácter de sitios protegidos que pudiesen detentar, siguen con la demolición, haciendo caso omiso a advertencias e impiden se investigue el sitio.

La pretensión excede el ámbito del recurso de amparo y existen otros remedios procesales a fin de asegurar sus derechos.

El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.

El máximo Tribunal ordenó a la recurrida reincorporar al funcionario y pagarle las remuneraciones devengadas desde su separación hasta su efectiva reincorporación.

La norma es perentoria en orden a señalar que deben existir obras de captación. No fue posible advertir la concurrencia de las infracciones a las normas en que se sustentó el recurso.

La Corte de Rancagua ordenó a la Dirección de Obras emitir una nueva resolución exenta que se haga cargo de los argumentos de la recurrente.

El requirente, una empresa de seguridad, alega que se transgrede su garantía al debido proceso, puesto que se le impide arbitrariamente que un tribunal superior conozca de una resolución atentatoria de derechos.

El niño nació tras un procedimiento de inseminación artificial cuando las dos mujeres eran pareja de hecho. Además, el infante no cuenta con ADN de la demandante.

No concurren los vicios alegados por la defensa del sentenciado, por lo que no merece reproche la sentencia impugnada.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.